El Gobierno ha subido el techo de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hasta los 216.177 millones de euros, un 8,5% más que el año pasado, un gasto público récord y “atractivo” para el resto de formaciones políticas, con el que prevén una “capacidad de extender derechos” y “consolidar partidas presupuestarias del Estado del bienestar”.

El Consejo de Ministros da así el paso definitivo para elaborar el proyecto de Cuentas para el año próximo, incluyendo una senda de estabilidad que da un margen a las comunidades autónomas de 1.755 millones de déficit, unas cifras similares a las que fueron rechazadas el año pasado por Junts.

El techo de gasto del año próximo es el último que incluye transferencias de los fondos europeos, que serán de 4.151 millones de euros. Por lo cual, el grueso de la subida de esta referencia para los Presupuestos será financiado por los propios recursos del Estado, que situándose en los 212.026 millones.

“Es un Presupuesto que tiene una capacidad de extender derechos, que tiene la capacidad de consolidar partidas presupuestarias del Estado del Bienestar, que espero que también concite el interés del resto de formaciones políticas que lo tienen que aprobar”, ha dicho, en un claro guiño a Junts, la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero prevé que baje el déficit al 1,6%

El Ministerio de Hacienda ha aprobado también la senda de estabilidad para las Administraciones Públicas, con unos objetivos de déficit que han de recibir el aval de las Cortes Generales, un paso fundamental para la elaboración de los Presupuestos.

Así, el Consejos de Ministros se ha fijado una meta del 2,1% del producto interior bruto (PIB) de déficit -diferencia negativa entre los ingresos y gastos públicos- para 2026, del 1,8% para 2027 y del 1,6% para 2028. El grueso de la corrección la llevará a cabo el Ejecutivo central, como ya avanzó el lunes la vicepresidenta Montero, en tanto que las comunidades autónomas podrán incurrir en unos números rojos de hasta el 0,1% del PIB. Las entidades locales tendrán que presupuestar en equilibrio, mientras que la Seguridad Social tendrá un desvío del 0,2% en 2026 y 2027, que será del 0,1% en 2028.

A grandes rasgos, la senda para las comunidades autónomas es la misma a la ya rechazada el año pasado. Entonces, Junts justificó su rechazo porque este objetivo de déficit no se repartía en tres partes para las Administraciones. Una crítica que replicaron este lunes los consejeros de Hacienda del PP que acudieron a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

“Espero que los grupos políticos, especialmente el PP, que gobierna en gran parte de las comundiades autónomas, sea responsable, no perjudique a los ciudadanos que viven en nuestro territorios porque rechazar esta senda de estabilidad lo único que hace es perjudicar a los gobiernos autonómicos. Y, además, no paraliza ni implica ninguna desviación respecto a la aprobación de nuestros presupuestos, como tenemos previsto”, ha advertido Montero.

Presupuestos en febrero

En este sentido, la vicepresidenta ha insistido en que los presupuestos saldrán del Consejo de Ministros a mediados del primer trimestre de 2026, en torno al mes de febrero, y que las Cuentas saldrán sí o sí, aunque sea con la negativa de socios como Junts, que ha cortado relaciones con el Gobierno, o Podemos, que ha elevado sus exigencias para dar su voto.

El Ejecutivo ha aprobado también el Informe de Situación Económica, que desde esta edición incluye indicadores de desigualdad (la tasa de Gini, la de pobreza y la diferencia entre el 20% más rico y el 20% con menos recursos), para ejemplificar cómo aterrizan los buenos datos de crecimiento sobre el bolsillo.

En este sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha elevado su proyección de avance del PIB para 2025, al 2,9%, gracias al buen comportamiento que está experimentando la actividad, mientras que mantiene sus previsiones del 2,2% para 2026 y del 2,1% tanto para 2027 como 2028.

“Es importantísimo para nosotros poner sobre la mesa el impacto que tiene ese crecimiento como condición necesaria también para que revierta en el día a día en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos”, ha subrayado.