El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la reciente modificación de Ley de participación institucional en la Región de Murcia, que elimina las ayudas a patronal y sindicatos por su participación en los órganos asesores y consultivos de la comunidad autónoma.

Ley 2/2025, de 4 de julio, de modificación de la Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia, podría “vulnerar las competencias estatales en materia de legislación laboral”.

Por el momento, el Tribunal, a petición del Gobierno de España, ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma recurrida, desde la fecha de interposición del recurso (29 de octubre) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

Desde el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) han considerado de forma muy positiva la admisión por parte del Constitucional de este recurso: “La defensa de los derechos de representación de las personas trabajadoras es lo que realmente está sobre la mesa y es muy buena noticia que la mayoría del espectro de izquierdas se una para exigir el respeto a estas leyes que tienen su base en la Constitución”, ha insistido la secretaria general del sindicato en la Región de Murcia, Teresa Fuentes.

Para la la secretaria general de UGT en la Comunidad, Paqui Sánchez, derivar las subvenciones que compensan la labor institucional de los sindicatos a otras organizaciones “que ni trabajan ni van a trabajar a nivel autonómico en dichos espacios” es más que una “estafa” a UGT: “Es una vulneración del mandato constitucional que establece el diálogo social y la participación institucional como un valor a proteger y que toda Administración debe practicar”, ha definido.

A juicio de CCOO, lo que se pretende con la modificación de la ley de participación institucional no es otra cosa que “atacar al sindicalismo”, que es una voz crítica en las mesas de negociación: “No es coherente ni tiene sentido argumentar motivos económicos a unas dotaciones que suponen el 0,0013% del presupuesto regional”, han recordado.

Para Fuentes la modificación de esta ley se trata, sin lugar a dudas, de “una decisión ideológica para contentar a la ultraderecha, a quienes el gobierno popular necesita para gobernar: ”Este es uno de los muchos ataques que se están produciendo. Desde CCOO tenemos muy claro que no vamos a ser cómplices de ningún ataque a los derechos adquiridos con la democracia“, ha concluido.