El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha experimentado un notable cambio en su enfoque hacia la seguridad durante su mandato. Desde sus años como senador y candidato, Petro abogó por una política de defensa que se distanciara de las estrategias tradicionales, como los bombardeos en zonas con presencia de menores y el uso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Sin embargo, a medida que su administración avanzaba, las decisiones tomadas comenzaron a contradecir sus promesas de campaña. Uno de los primeros cambios significativos fue la transformación del Esmad en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Aunque se anunció una reforma, en 2023 se implementaron ajustes que incluyeron modificaciones en los procedimientos de la unidad, manteniendo un enfoque en el diálogo y la intervención gradual de la fuerza. El regreso de los bombardeos también ha sido un punto de controversia. Aunque estas operaciones no estaban completamente suspendidas, se limitaban a situaciones donde no hubiera menores de edad presentes. En julio de 2024, Petro ordenó operaciones contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, lo que resultó en la muerte de 13 menores en bombardeos en Amazonas, Guaviare y Arauca. Esto generó críticas sobre la coherencia entre su discurso y las decisiones adoptadas. Petro defendió su decisión, afirmando: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco... quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados.” Además, el gobierno cerró un contrato para la compra de 17 aviones Gripen a la sueca Saab por 16,5 billones de pesos, una decisión que contrasta con sus declaraciones de 2021, donde abogaba por invertir en educación en lugar de en armamento. Luis Fernando Trejos, académico de la Universidad del Norte, señala que estos cambios reflejan un deterioro de la seguridad en varias regiones del país, lo que podría fortalecer a la oposición. Duván Castañeda, experto en seguridad, argumenta que las decisiones de Petro muestran un giro marcado por las exigencias operativas del Estado, indicando que “hoy, tres años después, el panorama es distinto”. Castañeda también menciona que estos cambios son una adaptación institucional, donde el discurso de campaña se enfrenta a la realidad del ejercicio del poder. La falta de una política pública definida ha llevado a tensiones entre las promesas de campaña y las decisiones tomadas como presidente. El politólogo Jairo Libreros sostiene que la falta de una hoja de ruta clara ha permitido que las promesas iniciales de Petro se desdibujen con el tiempo. En resumen, el presidente enfrenta un último año de mandato en el que sus decisiones en materia de seguridad se alejan de su narrativa inicial, reflejando la complejidad de gobernar en un contexto de conflicto armado y demandas sociales.