La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional advirtió a todas las entidades del Estado que aunque los concursos de méritos son la vía legal para proveer cargos públicos, estos procesos no pueden atropellar los derechos de trabajadores vulnerables que ocupan puestos en provisionalidad y que se encuentran a pocos años de pensionarse o sufren graves afectaciones de salud.
Por esta razón, ordenó medidas de protección inmediata para dos ciudadanos que quedaron desprotegidos tras ser reemplazados por ganadores de listas de elegibles.
El alto tribunal estudió en detalle la situación de los llamados prepensionados en el sector público y recordó que estas personas gozan de una estabilidad laboral que, aunque no es absoluta, obliga al Estado a tener consideraciones especiales antes de fi

El País

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