LIMA (AP) — El gobierno peruano informó el martes que para combatir a la creciente delincuencia, sobre todo la extorsión y los asesinatos, destinará la mitad de los 48.000 policías disponibles en la capital para labores de inteligencia.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dijo a la prensa local que “queremos potenciar toda Lima con mayor presencia de efectivos en lugares donde está la delincuencia... para poder tener respuesta inmediata”. Los oficiales que se dediquen a las labores de inteligencia trabajarán sin sus uniformes policiales.

Es la más reciente iniciativa gubernamental en un esfuerzo por bajar el descontento de la población ante la creciente criminalidad. El ministro Tiburcio mencionó la medida tras visitar la oficina de una empresa de transportes que el domingo sufrió un ataque armado por parte de delincuentes que dispararon 10 veces contra uno de sus autobuses dejando herido al chofer.

El gobierno del presidente interino José Jerí decretó un estado de excepción hace un mes con un enfoque donde, indicó, se pasó “de la defensiva a la ofensiva”, pero las extorsiones y los asesinatos no se han detenido.

Pese a que los expertos y varias marchas de protesta le han pedido al mandatario que derogue un conjunto de leyes que afirman debilitan la lucha contra el crimen, el presidente no se ha manifestado. Al menos seis de esas leyes fueron aprobadas en el pasado con el voto de apoyo de Jerí cuando era legislador desde 2021.

Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos, según los críticos.

Jerí sucedió en la presidencia a Dina Boluarte (2022-2025) quien fue destituida el 10 de octubre luego que la coalición de partidos políticos que la respaldaban le quitaron su apoyo. Jerí, entonces líder del Parlamento, la reemplazó con el apoyo de los mismos partidos que protegían a Boluarte.

Los asesinatos subieron de 676 casos en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 2.305 en 2020 a 21.746 el año pasado, según datos de la fiscalía.