El Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ha destinado 8,77 millones de euros en los años 2023 y 2024 a clínicas privadas para realizar 41.453 interrupciones voluntarias del embarazo. Esta cifra ha generado controversia, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunció que el 99% de los abortos en la región se llevan a cabo en centros privados.

Según datos del propio Ejecutivo autonómico, solo 134 mujeres optaron por interrumpir su gestación en hospitales públicos. Esto pone de manifiesto una clara tendencia hacia la privatización de este servicio. La Consejería de Sanidad ha pagado un promedio de 212 euros por cada intervención, lo que ha suscitado críticas sobre la gestión de la sanidad pública.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado su intención de llevar a los tribunales al Gobierno de Ayuso. La razón es que esta administración se ha negado a elaborar un registro de médicos objetores de conciencia, a pesar de que la ley lo exige. Este registro es considerado esencial para garantizar el acceso a los abortos en la sanidad pública y evitar que se externalicen a clínicas privadas.

Isabel Díaz Ayuso defendió la objeción de conciencia de los profesionales médicos, afirmando que “solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer”. Por su parte, el grupo político Más Madrid ha calificado la situación como “una anomalía en el conjunto del país”. Han presentado un paquete de enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2026, que suma cinco millones de euros, con el objetivo de asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública sin depender de derivaciones al sector privado.

Entre las propuestas de Más Madrid se incluye la incorporación del aborto farmacológico en Atención Primaria, lo que permitiría a los centros de salud atender embarazos de pocas semanas de manera segura y sin demoras. Además, se busca incluir en la cartera de servicios públicos las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) más allá de la semana 23, para evitar que las mujeres tengan que ser derivadas a otras comunidades o clínicas privadas.

Carlos Moreno, diputado socialista y portavoz de sanidad en la Asamblea de Madrid, explicó que el registro de objetores es una herramienta para garantizar el acceso a este servicio en la sanidad pública. “Se hace para evitar que haya una concentración de objetores en un determinado centro hospitalario que impida prestar ese servicio”, afirmó.

La situación en Madrid se complica, ya que la comunidad se ha declarado en rebeldía ante la reforma de la ley del aborto de 2023, que busca facilitar el acceso a este derecho. La polémica continúa mientras se discuten las implicaciones de estas decisiones en la salud y derechos de las mujeres en la región.