La investigación sobre una supuesta trama de adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones ha dado un nuevo giro. En este caso, están implicados el exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su colaborador Koldo García. La Guardia Civil ha presentado un nuevo informe al magistrado Leopoldo Puente, que contiene más de 220 páginas. Este documento revela gestiones para contactar al fallecido presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y a otros altos cargos socialistas. El objetivo era obtener autorizaciones para el proyecto Mina Muga, que busca construir una mina de potasa. Según la Unidad Central Operativa (UCO), la trama podría haberse originado en 2015. Un “boceto manuscrito” muestra cómo García intentó intermediar con varios dirigentes del PSOE para facilitar un permiso clave. Este permiso era necesario para usar un antiguo espacio minero como depósito de residuos salinos del proyecto Mina Muga, que está bajo la gestión del alcalde socialista Alfredo Zaldívar en Remolinos. El informe también menciona que se planeaba recurrir a figuras como Francisco Javier Lambán, Juan Antonio Sánchez Quero y Alfonso Gómez Gámez para obtener una “carta de compromiso y un convenio de obra”. Esto permitiría a la empresa GEOALCALI, en colaboración con Acciona-SERVINABAR, utilizar los huecos mineros para el depósito de residuos. Un mensaje de Whatsapp enviado por Koldo a Lambán el 3 de julio de 2018 incluye un archivo titulado “20180505_autorización_remolinos_muga_rev01”. En este mensaje, Koldo expresa su agradecimiento a Lambán y se pone a su disposición. El archivo adjunto es una autorización del alcalde Zaldívar que permite a la UTE actuar en nombre del Ayuntamiento para los trámites necesarios. Este documento era crucial para que Mina Muga avanzara en sus requerimientos ambientales y de gestión de residuos. La cronología del informe sugiere que estas gestiones formaban parte de un plan más amplio, ya que el boceto manuscrito del 8 de mayo enumeraba a las personas a las que se debía recurrir y describía la relación entre Cerdán, Koldo y los cargos institucionales de Aragón. La situación ha llevado a registros en varias sedes de Acciona y otras empresas vinculadas a la presunta red de intermediación, lo que ha intensificado la atención sobre este caso de corrupción en el ámbito político y empresarial.