Un operativo de gran escala ha sido llevado a cabo por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y el Ministerio Público en Perú. Como resultado, se han detenido de manera preliminar a tres exfuncionarios y se han allanado dieciséis inmuebles en diversas regiones del país. Esta intervención se enmarca en las investigaciones del caso conocido como “Los Fríos del Hambre”, que involucra a una presunta organización criminal. Esta red estaría dedicada a favorecer de forma ilícita a proveedores de servicios alimentarios estatales, especialmente en los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Según la investigación fiscal, la supuesta organización operó entre 2021 y 2024. Se alega que manipuló procedimientos en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, permitiendo que empresas previamente sancionadas mantuvieran contratos con el Estado. Las autoridades sospechan que los integrantes de esta red concertaron acciones ilícitas, manipularon vigilancias sanitarias y validaron resoluciones técnicas, omitiendo observaciones que obstaculizaban la operatividad de ciertos proveedores. Los tres exfuncionarios detenidos son Luis Alejandro Álvarez Saavedra, Jorge Luis Silva Chuna y Aníbal Manuel Morillo Arqueros. Todos ellos están siendo investigados por su supuesta participación en la gestión de programas de alimentación del sector público. La medida judicial, solicitada por el Ministerio Público y aprobada por el Poder Judicial, busca asegurar pruebas y evitar obstrucciones en la investigación penal. Las intervenciones se han realizado en inmuebles ubicados en Lima, La Libertad y Áncash. En uno de los allanamientos, se intentó ingresar a la vivienda de Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña. Sin embargo, la diligencia se suspendió al no poder localizar al investigado en las direcciones registradas. Las pesquisas indican que existieron coordinaciones no documentadas, alteraciones en procedimientos técnicos y obtención de beneficios económicos mediante intermediarios, todo con el fin de favorecer a empresarios en los servicios alimentarios estatales, especialmente en el programa nacional Qali Warma. Las autoridades continúan recolectando pruebas y tomando declaraciones, mientras la organización sigue bajo investigación. Este megaoperativo tiene como objetivo evitar la destrucción de elementos probatorios y garantizar la continuidad de los procesos judiciales relacionados con la presunta colusión entre funcionarios públicos y empresas proveedoras de subsidios federales de alimentación escolar. El programa Qali Warma, impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desde 2012, tenía como objetivo proporcionar desayunos y almuerzos nutricionales a estudiantes de escuelas públicas, especialmente en zonas vulnerables. Su diseño operativo incluía la participación de comités de compra para verificar la transparencia del proceso y la calidad de los alimentos. Este programa se consolidó como una de las iniciativas más amplias en políticas de protección social y seguridad alimentaria para la niñez en Perú.