En medio de la controversia nacional tras los bombardeos militares en los que murieron 12 menores de edad, tres entidades —la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar— tienen abiertas investigaciones para determinar si hubo responsabilidades penales, disciplinarias u operacionales dentro de la Fuerza Pública o entre los altos mandos del sector Defensa. Las pesquisas se concentran en establecer si las operaciones aéreas cumplieron con los estándares del derecho internacional humanitario (DIH) y si era posible prever la presencia de menores reclutados en los campamentos atacados.

El delegado para la Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría y exministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la apertura de cinco indagaciones preliminares por los bombar

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