La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrecha el cerco sobre los posibles lazos entre el PNV y la trama de adjudicaciones irregulares vinculada al PSOE , al descubrir que dos figuras de peso del nacionalismo vasco tuvieron participación accionarial en Servinabar , la empresa considerada el eje comisionista del entramado liderado por Santos Cerdán , Antxón Alonso y, según los investigadores, beneficiada por contratos públicos bajo gobiernos socialistas.

La UCO ha documentado que Aritz Santamaría , hijo del director del Diario de Noticias , Joseba Santamaría , entró en Servinabar en diciembre de 2016 con un 4% del capital , pese a ser menor de edad. Los agentes sostienen que el verdadero socio era su padre, una figura clave del ecosistema mediático impulsado por el PNV. Pocos meses después, otro referente del nacionalismo, Iñaki Alzaga , presidente del Grupo Noticias , también se incorporó al grupo empresarial de Cerdán mediante la mercantil Alegure, según publica El Mundo .

Este hallazgo cuestiona la defensa cerrada que el presidente del PNV, Aitor Esteban , realizó este miércoles reclamando «transparencia y claridad» y negando cualquier implicación del partido en las presuntas presiones para obtener cargos en el Gobierno de Sánchez a cambio del apoyo a la moción de censura de 2018.

Cerdán anotó que el PNV pidió tres altos cargos estratégicos

La información incautada por la UCO revela una anotación de Santos Cerdán en la que el navarro apunta que el PNV habría exigido:

  • la continuidad de Javier Cachón de Mesa en Medio Ambiente,

  • un puesto relevante en Adif ,

  • y otro en la Sepi ,

como contrapartida por apoyar la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

Aitor Esteban, negociador directo de la operación junto al exdirigente peneuvista Joseba Aurrekoetxea , rechazó la versión ante los medios:
« No conozco a Javier Cachón » y « eso no formó parte de la negociación ».

Sin embargo, los investigadores señalan que la designación de Cachón por el Ministerio de Teresa Ribera llegó solo días después de la conversación registrada por Cerdán, y que su continuidad resultaba clave para controlar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Mina Muga , una operación empresarial estrechamente vinculada a los socios de Servinabar.

Encuentros en El Burladero y un ecosistema mediático-político alineado

El relato policial sitúa múltiples reuniones estratégicas en el restaurante pamplonés El Burladero , punto habitual de encuentro entre Joseba Santamaría y la expresidenta navarra Uxue Barkos . Bajo su Gobierno (2015-2019), recuerdan quienes participaron en la tramitación, se aceleraron decisiones y permisos administrativos decisivos para el desarrollo de Mina Muga, una explotación minera de gran impacto económico y ambiental.

La UCO señala que el acercamiento entre Antxón Alonso y los directivos del Grupo Noticias coincidió con adjudicaciones públicas relevantes, como la construcción de un colegio en Arbizu por 3,2 millones de euros, otorgada poco después de que Alzaga entrara en el accionariado del grupo mercantil de Cerdán.

Un engranaje compartido entre negocio, política y adjudicaciones

Documentos intervenidos muestran que Servinabar ya consolidaba su papel como intermediaria de comisiones ilegales cuando los socios relacionados con el PNV entraron en la estructura. En paralelo, avanzaban negociaciones para grandes obras públicas como:

  • los trabajos con Geoalcali para Mina Muga,

  • adjudicaciones urbanísticas en Navarra,

  • y los primeros acuerdos entre Acciona y el grupo comisionista para contratos de gran volumen.

La UCO observa en este encaje una « convergencia de intereses » que reforzaba el impulso del PNV y de Geroa Bai al proyecto minero, mientras la trama de Cerdán obtenía beneficios por su papel de intermediación.

Esteban evita la cuestión clave: por qué aparecieron esas peticiones en la nota de Cerdán

Preguntado directamente por qué los nombres de Cachón, Adif y Sepi aparecían en una anotación interna del número 3 del PSOE, Esteban afirmó:
« No sé, mezclar un poco todo… no sé ».

Los investigadores, sin embargo, ven una línea continua entre:

  • la negociación política de la moción de censura,

  • la entrada de perfiles vinculados al PNV en las sociedades clave de la trama,

  • y las decisiones administrativas que impulsaron proyectos estratégicos donde operaba Servinabar.

Un golpe político para el nacionalismo vasco

La revelación de estos vínculos llega en un momento especialmente delicado para el PNV, que trata de blindar su imagen institucional mientras avanza el caso Koldo y se multiplican las piezas que apuntan a un entramado más amplio del que se sospechaba inicialmente.

La insistencia del partido en exigir «transparencia» contrasta ahora con la documentación incautada por la UCO, que compromete a figuras centrales del aparato mediático del nacionalismo y conecta al PNV con la red de adjudicaciones investigada.