Lejos de calmar las aguas, la inhabilitación por dos años para ejercer el cargo con la que el Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado ha agudizado la división que ya había provocado su procesamiento por un delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y no solo lo ha hecho entre la clase política, la cual, como era de esperar, ha reaccionado de forma dispar, con una calurosa bienvenida por parte de una derecha deseosa de hacer de sangre con este asunto y una crítica feroz desde la izquierda. También ha sacado a la luz una profunda grieta en el propio Supremo, que ha emitido este jueves la controvertida resolución con dos votos particulares entre los siete magistr

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