Honduras se acerca a un punto de inflexión. Con una tasa de entre 20 y 25 homicidios por cada 100.000 habitantes y una media de seis asesinatos diarios, el país continúa entre los más violentos de América Latina. A esto se suman más de 26.500 denuncias por violencia doméstica, más de 90 femicidios y unos 250.000 hondureños desplazados por la presión criminal. Un cuadro complejo que expone un modelo de seguridad agotado, sostenido por un estado de excepción extendido desde 2022 sin resultados y con efectos preocupantes sobre la institucionalidad.

En este contexto, la irrumpe como un giro radical y necesario. No se trata de una operación de marketing político, sino de un replanteamiento profundo del rol del Estado y de la forma en que un país puede recuperar el control territorial. El con

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