Más de medio centenar de vecinos de las casas rojas y azules del barrio de Añaza , en el Distrito Suroeste, viven con el alma en vilo después de que Visocan, empresa pública del Gobierno de Canarias , les haya dado un ultimátum desde finales de octubre: o saldan la deuda contraída o tienen que abandonar sus pisos a partir de febrero del próximo año.

Los servicios sociales, en alerta

La tesitura no es nueva para los inquilinos de Visocan ni para los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz , que han salido en defensa de aquellos afectados que tienen contrato y el reconocimiento de vivir en una situación de vulnerabilidad , pues muchos tienen más de 65 años y perciben una pensión no contributiva o un ingreso mínimo vital.

Amenazas repetidas

Algunos vecinos que resid

See Full Page