Colombia avanza hacia un modelo de gobierno que contradice su propia Constitución. El país que se definió en 1991 como descentralizado y participativo vuelve, poco a poco, al centralismo que creíamos superado. Con discursos grandilocuentes sobre protección ambiental, reforma agraria y justicia social, el Gobierno nacional ha hecho de la planeación territorial un ejercicio de escritorio: se legisla desde Bogotá para territorios que no se conocen y se decide sobre el suelo sin mirar a quienes lo habitan. En nombre del ambiente y la equidad se construye un modelo que, lejos de solucionar los problemas del campo, los multiplica.

Las Resoluciones 221 y 0855 de 2025, que declaran zonas de reserva ambiental en Santander y Antioquia, son el reflejo más reciente de esa tendencia. Ambas se presenta

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