El máximo tribunal basó su decisión en la seriedad y verosimilitud de los antecedentes que cuestionan la efectividad de una asesoría parlamentaria del diputado Miguel Ángel Calisto, investigado por el Ministerio Público como autor del delito de fraude al fisco.
La Corte desestimó las alegaciones de la defensa, al considerar que estas “exceden el control de plausibilidad” y apuntan al fondo del asunto, el cual debe ser dilucidado en un juicio penal.
Los elementos clave que la Corte Suprema consideró para confirmar el desafuero fueron:
Ausencia de Asesoría Efectiva: Se cuestionó la efectividad de la asesoría de la señora Carla Graf Toledo al diputado, basándose en la “ausencia de informes o comunicaciones que den cuenta de las tareas parlamentarias realizadas” .
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