El Ministerio de Seguridad Pública de Chile, junto con la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Oriente, ha desarticulado una organización criminal que operaba desde Estados Unidos. Esta banda se dedicaba al robo y uso fraudulento de tarjetas bancarias, utilizando máquinas adquiridas en Chile. La operación, denominada “American Target”, resultó en la detención de 14 personas en el país y mantiene a otros cuatro involucrados bajo investigación en Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, se reveló que el fraude con tarjetas robadas permitió transferir más de 4.000 millones de pesos a cuentas bancarias chilenas. El director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la colaboración internacional con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta cooperación se facilitó a través de un agregado de la PDI en ese país, autorizado por el Ministerio de Seguridad Pública. Cerna explicó que la investigación está relacionada con el lavado de activos, el uso fraudulento de tarjetas de crédito y la asociación criminal. "Se usaban tarjetas de crédito sustraídas en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, con dispositivos POS para que esos dineros llegaran a cuentas de personas titulares en Chile", detalló. Las operaciones ilícitas de esta estructura criminal superaron los 4.000 millones de pesos, lo que equivale a una defraudación cercana a un millón de dólares. Además, se incautaron vehículos de alta gama. Lorena Parra, fiscal regional oriente, indicó que la investigación fue liderada por la Unidad de Alta Complejidad y comenzó en marzo de 2024, cuando se obtuvieron antecedentes sobre la red que se dedicaba a hurtar y robar tarjetas bancarias para su uso fraudulento. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, valoró el trabajo coordinado entre las instituciones y advirtió sobre los riesgos del sistema financiero. "Los POS provenían de nuestro país", aseguró Cordero, quien enfatizó que este caso demuestra cómo estas bandas utilizan el sistema financiero regular para lavar activos. "Esto nos obliga a fortalecer los controles sobre los medios de pago", concluyó el ministro de Seguridad Pública.