La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha expresado su firme rechazo a la propuesta del Ejecutivo, contenida en el Proyecto de Ley 13280, que busca modificar el Código Penal. Esta modificación incluiría el delito de revelación de información reservada en el contexto de investigaciones penales y actuaciones policiales. La ANP advierte que esta iniciativa no solo perjudica al periodismo de investigación, sino que también atenta contra el derecho de la ciudadanía a estar informada.

En un comunicado, la ANP argumentó que la propuesta carece de sustento y que, en la práctica, "criminaliza la difusión de información de interés público". Esto, según el gremio, constituiría una forma de "censura y persecución de fuentes reservadas", además de vulnerar el secreto profesional de los periodistas. La ANP subraya que esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio del Ejecutivo, liderado por el presidente José Jerí, para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada.

La ANP también recordó que las intenciones actuales del Ejecutivo son similares a intentos previos realizados por los regímenes de Pedro Castillo y Dina Boluarte. "Nuevamente, la libertad de información sobre investigaciones penales de relevancia pública cae en el foco del ataque restrictivo impulsado por sectores que tienen, en su mayoría, personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes", afirmó la ANP.

La organización gremial hizo un llamado a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para que elimine este aspecto de la propuesta normativa, argumentando que atenta contra el periodismo de investigación y es incongruente con la finalidad del proyecto de ley.

Además, la ANP advirtió que, si esta propuesta prospera, se causaría una grave afectación a la libertad de prensa y se lesionaría el derecho de la ciudadanía a estar informada. "Recordamos que las normas penales no se deberían aprobar vía facultades legislativas, ya que, al ser restrictivas de derechos, deben gozar del más amplio debate. Los estándares de derechos humanos recomiendan que este tipo de modificaciones penales no se produzcan de esta manera", concluyó la ANP.