Madrid

Tras el fallo del Tribunal Supremo que sentenció el pasado jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, varios centenares de personas se han manifestado este domingo frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena, en una marcha impulsada por colectivos sociales y sindicales.

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