Dos contratos militares del Gobierno de Gustavo Petro, que suman un total de $3.684 millones de dólares, están bajo la lupa por presuntos sobrecostos e incumplimientos. Estos contratos han generado serias dudas sobre las inversiones en el Sector Defensa al final de su mandato. El más significativo es el acuerdo con la empresa sueca Saab para la compra de 17 aviones de combate Gripen, valorado en 3.652 millones de dólares (equivalente a $16,5 billones de pesos). Este acuerdo busca reemplazar la obsoleta flota de cazas israelíes Kfir de la Fuerza Aeroespacial.

El segundo contrato, por un monto de $32,4 millones de dólares, fue firmado con la compañía estadounidense Vertol Systems para el mantenimiento y reparación de los helicópteros rusos Mi-17 de la Aviación del Ejército. Ambos contratos se formalizaron en un contexto de déficit fiscal que podría alcanzar el 7,5 % del PIB al cierre del año, el segundo más alto en la historia del país, solo superado por el 7,8% registrado durante la pandemia de COVID-19, según proyecciones de Fedesarrollo.

Uno de los puntos más controvertidos es el aumento en el precio de los aviones Gripen. El costo final por unidad se ha fijado en US$215 millones, un incremento significativo respecto a la oferta inicial de US$150 millones. Este precio se mantuvo hasta el inicio del Gobierno de Petro, cuando se reactivaron las negociaciones tras la pandemia, que había interrumpido la compra durante el mandato de Iván Duque (2018-2022). El CEO de Saab, Micael Johansson, había declarado en diciembre de 2022 que sería extraño que el Gobierno optara por una oferta más costosa, refiriéndose a los aviones franceses Rafale.

La senadora María F. Cabal ha criticado la diferencia de precios entre Colombia y Tailandia, donde el gobierno tailandés pagó US$137 millones por unidad, mientras que Colombia pagará US$213 millones. Este contrato con Tailandia incluye un paquete de offset que contempla transferencia de tecnología y nuevas inversiones en diversos sectores de la economía nacional.

Las explicaciones sobre el aumento de precios incluyen la necesidad de instalar desde cero el sistema de operación en Colombia, a diferencia de Tailandia, que ya contaba con la infraestructura necesaria. Además, el método de financiación solicitado por Petro, que incluye tres años de gracia y compromisos de pago hasta 2032, ha sido criticado por algunos analistas como excesivo.

El contrato también incluye la dotación de armas para los Gripen, lo que ha sido mantenido en secreto. Se especula que el Gobierno busca renovar su arsenal misilístico, lo que podría incluir misiles Meteor, que tienen un costo unitario de entre US$800.000 y US$1 millón. Fuentes consultadas han señalado que la adquisición de estos misiles implica costos adicionales por la necesidad de radares y mantenimiento especializado.

Por otro lado, el contrato con Vertol Systems para los helicópteros Mi-17 ha vencido sin cumplir su objetivo, lo que añade más presión sobre el Gobierno. La situación actual plantea serias interrogantes sobre la gestión de los recursos en el sector defensa y la transparencia de los contratos firmados bajo la administración de Petro.