Sin atención garantizada 24 horas, gestionados por empresas o fundaciones que no tienen experiencia en violencias machistas o sin información accesible para llegar a ellos. Es la situación general en la que se encuentran los llamados centros de crisis 24 horas de violencia sexual, un recurso concebido para atender a las víctimas cuya puesta en marcha en España estuvo marcada por las dilaciones. Hicieron falta dos prórrogas para que abrieran sus puertas y ahora que sí hay uno por provincia –el mínimo estipulado por ley–, “son muchos los obstáculos” que arrastran estos recursos.

Es lo que concluye un informe de Amnistía Internacional hecho público a las puertas del 25N, Día Internacional contra las Violencias Machistas, en el que la organización monitorea si, más allá de empezar a funcionar, los centros están cumpliendo los estándares para los que fueron creados. El resultado es que “no se está garantizando adecuadamente” la asistencia 24 horas, siete días a la semana y todos los días del año a las mujeres agredidas sexualmente o que, como ocurre en algunas provincias de Andalucía, están situados en módulos prefrabricados.

La organización ha estudiado la implementación de los centros de crisis en seis comunidades –Andalucía, Asturias, Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha y Galicia– a modo de “primera evaluación” tras su apertura, que en algunos casos ha ocurrido hace pocos meses. Aún así, y a pesar de que algunas autoridades han trasladado a Amnistía Internacional que se encuentran en periodo de “ajuste”, la organización considera imprescindible valorar los primeros pasos debido al “papel fundamental” que estos recursos juegan en la recuperación y no revictimización de quienes han sufrido agresiones sexuales, apunta la investigación.

Aunque son una parte las autonomías analizadas, la organización destaca que las conclusiones “son trasladables” al resto y señala como primera característica que la la apertura de los centros –a excepción de Ceuta, donde aún no ha empezado su actividad– ha estado marcada por la “desidia en el tiempo y la falta de priorización de la atención a las víctimas” a pesar de que desde 2021 las comunidades empezaron a contar con fondos para ponerlos en marcha.

Fue en abril de ese año cuando la Conferencia Sectorial de Igualdad acordó por primera vez y por unanimidad la creación de estos centros, una previsión que después fue incluida en la ley del 'sólo sí es sí'. Para ello, el Ministerio de Igualdad repartió 83 millones de euros a las comunidades, una partida procedente de los fondos europeos de recuperación. El plazo para que hubiera uno por provincia se cumplió a finales de 2023, pero entonces solo cuatro los habían implantado. El Ministerio de Igualdad tuvo que pedir dos prórrogas más, hasta junio de este año. La mayoría de los centros, apunta el informe, han arrancado su actividad a principios de 2025, es decir, casi dos años tarde.

Sin apertura 24 horas

Entre las primeras “deficiencias estructurales” detectadas por la investigación está el hecho de que no todas las comunidades garantizan la apertura de los centros 24 horas ni una línea telefónica del propio centro de crisis. Solo Galicia y Asturias cuentan con centros abiertos ininterrumpidamente y un teléfono al que llamar en cualquier momento, pero el resto restringen sus horarios y derivan a líneas generales que solo sirven para “hacer una primera valoración” de la llamada pero no son atendidas por personal vinculado al recurso. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha el horario de atención de los cinco centros es de 8 de la mañana a 10 de la noche mientras que los fines de semana permanece cerrado, un patrón que se repite en otras autonomías.

El informe incluye testimonios como el de Teresa (nombre ficticio), que sufrió una agresión sexual en un tren. “Llamé al único número que encontré, un 900 de la Junta de Andalucía. La llamada fue muy fría, muchos silencios que me hacían sentir muy mal hasta que después de contarle lo que me había pasado me dijo: '¿Y qué necesita? ¿Información para poner una denuncia?'”. La joven, de 25 años, le dijo que alguien le había hablado de centros en los que “te asesoran”, a lo que la mujer le respondió que estaba cerrado y le facilitó una dirección de correo electrónico para dirigirse al recurso. “Fue como hablar con una máquina, en ningún momento me preguntó qué tal estaba”, añade Teresa.

Amnistía Internacional subraya la importancia de que las víctimas se encuentrn al otro lado con atención especialiada que sepa acompañarlas porque, de lo contrario, “puede hacer que desistan de continuar” o si no lo hace “tengan que relatar nuevamente su experiencia” en un momento de “confusión y miedo”.

Susana, otro de los testimonios incluidos en el informe, da cuenta de ello: “Busqué en Google y llamé a un teléfono que me aparecía, me dijeron que estaban desbordadas y me facilitaron otro número, era un servicio de violencia machista no especializado y sentí más vacío que antes. Necesitaba ser escuchada sin ser juzgada, pero fue como hablar con ChatGPT, automático e impersonal”, relata la mujer, que fue agredida por un compañero de trabajo.

Casi nadie sabe que existen

Las dificultades para encontrar información clara y accesible sobre los recursos a los que las víctimas pueden dirigirse es otro de los obstáculos que ha identificado la organización, que dibuja un escenario de “disparidad” entre comunidades en este sentido. Mientras que en Galicia o Aragón, los buscadores en Internet remiten “con facilidad” a una página web en la que se encuentra de manera “fácil y directa” qué son los centros de crisis 24 horas, sus direcciones y teléfonos, en Andalucía “la única opción” es llamar al teléfono general “y no especializado” para que se produzca la derivación.

Por otro lado, lamenta la organización que una de las deficiencias principales de los centros es el “desconocimiento generalizado” sobre su existencia, incluso por parte de organizaciones con trayectoria en la atención a víctimas. En Catalunya, una abogada de un colectivo especializado “dijo no tener apenas información” sobre el funcionamiento de los recursos allí. Marta, una mujer que vive en Ciudad Real y fue agredida en junio de 2025, desconocía que hay un centro en su provincia hasta su entrevista con las investigadoras de Amnistía Internacional a pesar de que denunció ante la Policía y acudió al hospital: “Me estoy entenrando por ti de que estos servicios existen. Estoy recibiendo apoyo psicológico, pero es privado”.

La investigación pone también el foco en las adjudicaciones que las comunidades hacen para gestionar los centros, un factor que, en general rompe “la especialización” exigida porque, en su mayor parte, las licitaciones recaen en empresas, organizaciones o fundaciones que no tienen “trayecoria comprobada” en violencias machistas. Solo Asturias, cita el informe, ha optado por un centro público con personal laboral mientras que el resto han optado por entidades privadas: el centro de Vigo lo gestiona una empresa de construcción, los de Aragón una fundación enfocada en salud mental y exclusión social, en Andalucía o Castilla-La Mancha, una ONG de atención a colectivos vulnerables.

Por último, Amnistía Internacional llama la atención sobre el hecho de que la apertura de un centro por provincia es un mínimo exigible, pero el Consejo de Europa recomienda uno “por cada 200.000 habitantes”, por lo que España “incumple la ratio aconsejada” para “ateder adecuadamente a las víctimas y supervivientes de violencia sexual de acuerdo a los estándares internacionales”. Un acompañamiento que se hace más complicado en el caso de que las mujeres tengan discapacidad, sean migrantes, prostitutas o de etnia gitana, destaca el informe, que concluye que, en general, los centros no garantizan la perspectiva interseccional.