La futura fiscal general llega a una institución cuestionada de forma constante por la derecha con varias situaciones delicadas por delante: del juicio a Begoña Gómez o el ‘caso Koldo’ a la expulsión de su predecesor tras la condena del Supremo

El Gobierno propone a Teresa Peramato como fiscal general del Estado

Teresa Peramato se pondrá próximamente al frente de los 2.700 fiscales que ejercen en España. Cinco días después de la histórica sentencia que inhabilita a Álvaro García Ortiz, el Gobierno anunció en pleno 25N que su relevo al frente del Ministerio Público será una jurista de larga trayectoria, especializada en violencias machistas y con recorrido en la Unión Progresista de Fiscales. Una fiscal que se pone al frente de la institución en su momento más delicado de la historia y con los tribunales convertidos en un constante terreno minado para el Ministerio Público.

Fiscal de carrera con más de tres décadas de experiencia, ejercía desde enero de este año como fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde fue ascendida por su predecesor. Peramato se enfrenta al reto de construir su liderazgo en un escenario complejo y tras una época marcada por la oposición a la cúpula de la Fiscalía por parte de los sectores más conservadores de la judicatura. De puertas para afuera, el Partido Popular la recibió este miércoles expresando dudas sobre su profesionalidad. “Si el presidente le pide que cometa delitos, ¿también lo va a hacer?”, dijo la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz.

La nueva fiscal general planea dar continuidad al equipo que conformó García Ortiz en las altas instancias de la Fiscalía. Fuentes fiscales consultadas por elDiario.es afirman que mantendrá de 'número dos' a Diego Villafañe, actual teniente fiscal de la Secretaría Técnica, la sala de máquinas del Ministerio Público. Villafañe, que llegó a estar imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores de García Ortiz en su paso por la institución.

García Ortiz fue recibido en la Fiscalía General con una noticia falsa y un informe de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lo declaró no idóneo para el cargo. El órgano, que debe limitarse a fijar si el candidato cumple con los requisitos legales que marca la ley —ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de 15 años de ejercicio profesional—, se reúne este miércoles para pronunciarse sobre Peramato. Las fuentes consultadas en el órgano esperan un pronunciamiento favorable alejado de las críticas vertidas contra su predecesor.

La percepción de García Ortiz como un fiscal continuista del trabajo de Dolores Delgado –que contó con la oposición fiera de la facción conservadora de la carrera– engrasó desde el principio una relación conflictiva con el Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general. Allí afrontó una mayoría de vocales de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y un representante de la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que en el juicio llegó a pedir seis años de cárcel para él.

Peramato se encontrará con la misma aritmética de una mayoría de vocales que se oponen de manera casi sistemática a cualquier propuesta de nombramiento que proceda de la Unión Progresista de Fiscales o su entorno. También con una facción de la cúpula fiscal que llegó a pedir abiertamente la dimisión de su predecesor tras ser imputado en el Tribunal Supremo, además de con una fuerte división interna del Ministerio Público por la aplicación de la amnistía a los condenados del procés, entre otros asuntos.

La imagen de Álvaro García Ortiz y María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, ejerciendo como padrinos de Peramato en su toma de posesión en el alto tribunal no deja lugar a dudas sobre su cercanía a una UPF en minoría en el Consejo Fiscal cuyos movimientos y propuesta son recibidos, en el mejor de los casos, con escepticismo, cuando no con recursos judiciales ante el Tribunal Supremo.

Una Fiscalía cuestionada

Las turbulencias de la Fiscalía no son solo de puertas para adentro. La institución se enfrenta también a un constante cuestionamiento político similar al que sufre el Tribunal Constitucional a manos de la derecha. Una campaña que arrancó mucho antes de la filtración que ha llevado a García Ortiz a la inhabilitación y gracias a la cual el PP ha instaurado un relato: cualquier actuación de la Fiscalía que no coincide con los intereses de la oposición es una manipulación del Ministerio Público a favor del Gobierno.

Se trata de algo que arrancó en la etapa de Dolores Delgado como fiscal general y que se ha acentuado con la apertura de diligencias contra Álvaro García Ortiz. Un Partido Popular que no duda en afirmar que la Fiscalía –esta vez de la mano de Hacienda– ha sometido a Isabel Díaz Ayuso a una cacería a través de la causa de fraude fiscal de su pareja.

Los de Alberto Núñez Feijóo han recibido a Peramato con escepticismo. Ese cuestionamiento va más allá de lo político y de las declaraciones públicas: el Ejecutivo pretende poner en marcha las reformas necesarias para que la Fiscalía asuma la instrucción de las investigaciones penales. Un movimiento que cambiará por completo el papel que jueces y fiscales juegan en unas diligencias, dando mucho más protagonismo al Ministerio Público.

Está por ver si la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, que lleva años pidiendo la dimisión de García Ortiz, mantiene su petición reciente de paralizar esa reforma durante, al menos, un lustro. “Podemos esperar cinco años más tranquilamente, hasta que la situación se calme”, dijo hace unos días su portavoz, Cristina Dexeus.

Un reguero de casos delicados

Peramato desembarca en la planta noble de la calle Fortuny, sede central de la Fiscalía en Madrid, en un escenario de cuestionamiento de la institución y en un momento de especial concentración de causas judiciales delicadas que afectan, de forma directa o indirecta, al Gobierno, al PSOE y al propio Pedro Sánchez: desde el próximo juicio por corrupción contra José Luis Ábalos hasta los procesos contra Begoña Gómez y David Sánchez pasando por una decisión interna de alto voltaje. Expulsar o no a Álvaro García Ortiz de la Fiscalía tras su condena.

El Ministerio Público afrontará varios de estos juicios a lo largo del próximo año. El hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE regional y candidato para las elecciones extremeñas, se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz el próximo mes de febrero. En Madrid, el juez Juan Carlos Peinado aún no ha enviado formalmente a juicio la causa de Begoña Gómez pero ya ha anunciado su intención de enviar su caso a un tribunal del jurado.

En estos dos casos que afectan al entorno más directo del presidente del Gobierno, la Fiscalía se opone al criterio de la colección de acusaciones populares vinculadas a la extrema derecha y ha pedido el archivo y la absolución. Pero también está pendiente de señalamiento otro juicio que afecta al entorno de una personalidad política: la pareja de Isabel Díaz Ayuso, para quien pide tres años y nueve meses de cárcel a la espera de saber si la vía del pacto se reabre a medida que se acerca el juicio.

Peramato también tendrá que lidiar con la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón y el ramillete de causas relacionadas con el caso Koldo que, entre otros, mantiene en su lista de imputados a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Esta misma semana el Ministerio Público pedirá al juez del Tribunal Supremo que endurezca las medidas cautelares que pesan sobre el exministro de Transportes, con la duda de si esa solicitud llegará hasta la prisión provisional. El primer juicio contra Ábalos está previsto para el año que viene y Anticorrupción pide 24 años de cárcel para él.

No todas las gestiones delicadas a las que se enfrenta la Fiscalía que dirigirá Peramato a partir de ahora tienen que ver con causas judiciales en marcha. Otras son de carácter interno y de ellas depende el futuro de su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo: está pendiente si, además de dejar el cargo de fiscal general, debe ser expulsado de la Fiscalía.