La Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una legislación que endurece las penas y establece que este delito será perseguido en las 32 entidades del país. El Pleno avaló las modificaciones a la minuta del Senado con 409 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención.

La norma ordena que la extorsión sea investigada de oficio y fija penas de 15 a 25 años de prisión, con un máximo de 42 años cuando quien cometa el delito sea un funcionario público. También establece 34 agravantes, entre ellas el cobro de piso ejercido por organizaciones criminales contra comerciantes, transportistas y prestadores de servicios.

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