La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo a más de once años de prisión por su papel crucial en el fallido intento de disolver el Congreso del siete de diciembre de 2022. La resolución judicial subraya que la condición del exmandatario como primer funcionario del Estado constituyó una agravante, aunque se tomó en cuenta que no poseía antecedentes penales. Sobre esta base, el tribunal aplicó la sanción propuesta por la fiscalía, fijando exactamente once años, once meses y quince días de reclusión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Esta decisión, que también involucra a Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres , surge después de recalificar los hechos como conspiración para la rebelión, descartando el delito de rebelión inicialmente

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