### Castillo enfrenta condena de 11 años por conspiración

El expresidente peruano Pedro Castillo se encuentra en el centro de un proceso judicial que ha captado la atención del país. Este caso se origina tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Durante la lectura del expediente en la sala judicial, Castillo mantuvo una actitud serena, observando atentamente a la magistrada mientras se exponían los fundamentos de la decisión del tribunal.

La jueza Norma Carbajal pronunció una frase clave: “que esa dicha es legal y proporcional y debe imponerse”. Esta declaración provocó una breve sonrisa en Castillo, quien continuó escuchando la audiencia con atención. La Sala Penal Especial comunicó que se desvincula de la acusación por rebelión, determinando que los hechos se ajustan a una “conspiración para la rebelión”.

El tribunal también destacó que Castillo no tiene antecedentes penales, pero consideró la agravante relacionada con su cargo como presidente. En consecuencia, se impuso una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, tal como había solicitado el Ministerio Público.

Además, la Sala Penal absolvió a Castillo del delito de abuso de autoridad, argumentando que la conducta atribuida se encuentra ya contemplada en la imputación por conspiración. También fue absuelto del cargo de grave perturbación a la tranquilidad pública, ya que los hechos no encajaban en esa figura penal.

La lectura final del tribunal reiteró que la calificación adoptada por mayoría descarta el delito de rebelión y establece la conspiración para la rebelión como el marco penal. Con esto, la Sala cerró la audiencia, especificando los alcances de la sentencia y las decisiones adoptadas respecto a cada imputación.

El proceso judicial de Castillo ha sido extenso y complejo. Desde su arresto el 15 de diciembre de 2022, ha enfrentado múltiples acusaciones. El 1 de abril de 2024, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el hábeas corpus presentado por Castillo, ratificando que la disolución del Congreso fue un hecho delictivo.

El 12 de enero de 2024, la Segunda Fiscalía Suprema presentó una acusación formal solicitando 34 años de prisión para Castillo, incluyendo otros implicados como Betssy Chávez y Willy Huerta. En noviembre de 2025, la Fiscalía reiteró su solicitud de 34 años de prisión, desglosando las penas por los diferentes delitos.

El juicio oral comenzó el 4 de marzo de 2025, con audiencias programadas tres veces por semana. A lo largo del proceso, se han tomado decisiones significativas, como la exclusión de Roberto Sánchez del caso y la liberación de Betssy Chávez por vulneración del debido proceso.

El 3 de noviembre de 2025, Chávez solicitó asilo político en la Embajada de México en Lima, lo que fue aceptado por el gobierno mexicano. En respuesta, la Cancillería peruana anunció su intención de solicitar a la OEA modificar la Convención sobre Asilo Político para evitar su uso indebido.