Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— Integrantes de los Consejos Indígenas de Molas y Santa María Chí denunciaron una serie de actos de intimidación, difamación y criminalización en su contra, presuntamente impulsados por particulares con intereses sobre tierras comunales y por la omisión de autoridades estatales y federales encargadas de la protección ambiental y cultural.

Rogelio Narváez, del Consejo Indígena de Molas, señaló que la comunidad inició un proceso para defender alrededor de mil hectáreas de fundo legal que, según documentación en su poder, fueron supuestamente privatizadas por el particular Manuel Rodríguez Villamil. Denunció que personas ajenas al pueblo ya invadieron el área y que la policía ha protegido a quienes hoy ocupan esas tierras.

Previamente a la organización de una asamblea para conformar el Consejo Indígena, agentes de la Fiscalía y policías acudieron al domicilio de Ramiro Canché, también integrante del consejo, para interrogarlo y notificarle una supuesta denuncia por invasión. “Yo no he invadido nada”, afirmó. Explicó que su compañero Rogelio también recibió documentos para firmar y que al menos cuatro habitantes más fueron citados.

Según relataron, la propia Fiscalía justificó los citatorios argumentando que la asamblea comunitaria para hablar del fundo legal representaba un “riesgo” para el supuesto propietario privado, pese a que en ese territorio se encuentran el cementerio, la secundaria y decenas de viviendas de Molas.

“Es una irregularidad. Las autoridades deben estar a favor del pueblo, no de gente influyente que despoja tierras a campesinos”, denunció Narváez, quien exigió la destitución de representantes del INAH, Semarnat y Profepa en Yucatán por omisión en la protección del territorio y la cultura.

Santa María Chí denuncia impunidad y simulación en clausura de granja porcícola:

Wilbert Nahuat, comisario de Santa María Chí, advirtió que la comunidad enfrenta un patrón similar. Pese a la clausura impuesta el 9 de septiembre de 2025 por irregularidades ambientales en una granja porcícola, la empresa continúa operando: “Escuchamos los animales todos los días, entran y salen camiones, y el olor es insoportable cada mañana”, aseguró.

El comisario acusó opacidad de Semarnat, Profepa, SDS, Conagua e INAH, y denunció que Profepa se comprometió a entregar un documento formal con los términos de la clausura, pero nunca lo recibieron. “La realidad es que solo simulan. No es posible que sigan en total impunidad”, dijo.

Nahuat recordó que la granja fue sancionada con 14 millones de pesos por alrededor de 11 irregularidades, recursos que ingresan a las arcas estatales sin beneficiar a las comunidades afectadas ni generar acciones de reparación. “Es un tema de derechos humanos, no solo económico”, afirmó.

El comisario añadió que continúa la criminalización en su contra, pese a no haber sido vinculado a proceso. La empresa apeló la decisión y ahora el caso está en manos de un juez de control. “Es una estrategia para cansarnos psicológicamente”, dijo. También denunció que ha sido víctima de difamaciones, como acusaciones falsas de venta de tierras impulsadas por algunos medios “por unos pesos”.

Ambas comunidades coincidieron en que las denuncias penales, citatorios, visitas intimidatorias y campañas de difamación forman parte de una estrategia para debilitar la organización comunitaria y favorecer intereses privados que buscan apropiarse de tierras o mantener operaciones contaminantes.

“Si no hubiéramos luchado, seguiríamos viviendo con la contaminación de la granja”, recordó Nahuat, reiterando el llamado a la destitución de funcionarios federales en Yucatán que “no cumplen con proteger el ambiente ni a las comunidades”.

Las comunidades anunciaron que continuarán con su organización y defensa jurídica, y exigieron que la ley también contemple mecanismos de protección y participación para pueblos afectados, no solo para empresarios y dependencias gubernamentales. ( Noticaribe )