El Congreso de Perú se prepara para debatir la solicitud de pensión vitalicia presentada por la expresidenta Dina Boluarte. Este debate está programado para la primera semana de diciembre, solo diez días después de que Boluarte dejara el cargo. La exmandataria, que fue vacada por incapacidad moral, no solo solicita una pensión mensual, sino también beneficios adicionales como un vehículo oficial, combustible y personal de apoyo.

Fernando Rospigliosi, presidente interino del Parlamento, confirmó que el trámite está habilitado. Según él, Boluarte fue electa mediante una fórmula presidencial, lo que le permitiría acceder a estos beneficios conforme a la normativa vigente. Rospigliosi recordó que la Comisión de Constitución aprobó una moción que reconoce este derecho para expresidentes, salvo en casos de acusación constitucional.

Sin embargo, la solicitud ha generado resistencia en varias bancadas. La congresista Ruth Luque expresó su rechazo, argumentando que Boluarte no fue elegida por voto directo y que “ella es responsable de los asesinatos de su gobierno”. Por su parte, Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, también se opuso, señalando que la exmandataria dejó el cargo en medio de cuestionamientos que no son compatibles con los beneficios destinados a quienes culminan su mandato sin polémicas.

El congresista Alejandro Muñante pidió priorizar su proyecto de ley para eliminar la pensión vitalicia a expresidentes vacados, calificándola como un “privilegio político”. Además, solicitó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verifique si las denuncias contra Boluarte podrían afectar su elegibilidad para recibir los beneficios.

Entre los beneficios solicitados, Boluarte pide un vehículo oficial permanente, un trabajador CAS elegido por ella y 150 galones de gasolina mensuales. El monto de la pensión aún no está definido, pero se estima que podría oscilar entre S/ 26.000 y S/ 35.000 mensuales, dependiendo de la aplicación de un incremento salarial aprobado durante su gobierno, que aún requiere validación del Congreso.

La exmandataria ha recibido pagos laborales en procesos previos, como en el caso del Reniec, y su defensa legal en investigaciones fiscales sigue siendo cubierta por el Estado. La discusión sobre su solicitud de pensión vitalicia se presenta en un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos sobre su gestión y la legalidad de los beneficios que reclama.