El escándalo que hoy compromete a la disidencia de Calarcá Córdoba y a dos funcionarios del Estado estalló tras la filtración de archivos incautados en un operativo militar que, más de un año después, revelaron posibles contactos irregulares entre estructuras armadas y miembros de la Fuerza Pública.

Lo que parecía un episodio rutinario de control derivó en señalamientos de apoyo logístico, creación de empresas fachada y circulación de información reservada , poniendo bajo presión a la Fiscalía, a la inteligencia estatal y al propio proceso de paz con el EMBF.

La crisis, que combina vacíos de control institucional con tensiones políticas en ascenso, amenaza con alterar el equilibrio de una mesa ya frágil y reaviva dudas sobre la capacidad del Estado para vigilar a sus propios hombre

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