Los beneficiarios de cupones de alimentos en Estados Unidos están recibiendo sus prestaciones de noviembre, pero un número creciente de inscritos podría perder su asistencia alimentaria vital. Esto ocurre en medio de la implementación de nuevos requisitos laborales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), tras la aprobación de un proyecto de ley por parte del presidente Donald Trump este verano. El nuevo paquete del Partido Republicano establece que más beneficiarios deberán trabajar, ser voluntarios o participar en capacitación laboral durante al menos 80 horas al mes. De no cumplir, solo podrán recibir ayuda durante tres meses cada tres años. Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se estima que 2,4 millones de estadounidenses dejarán de recibir cupones de alimentos mensualmente en la próxima década, lo que incluye a 300.000 familias con niños. Los beneficiarios que no cumplan con los nuevos requisitos podrían comenzar a perder sus beneficios en marzo, aunque esto dependerá de su lugar de residencia y de cuándo deban certificar su elegibilidad nuevamente. Los republicanos han buscado reforzar los requisitos laborales del SNAP, que anteriormente se aplicaban a personas de entre 18 y 49 años sin discapacidades ni hijos a cargo. Ahora, el límite de edad se ha ampliado a 54 años y se incluye a beneficiarios de hasta 64 años y a padres de niños de entre 14 y 17 años. Además, la legislación ha dificultado que los estados soliciten exenciones en condiciones económicas adversas. Solo las áreas con tasas de desempleo superiores al 10 % pueden optar a estas exenciones. Un juez federal en Rhode Island ha prohibido temporalmente al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) finalizar las exenciones existentes antes de sus fechas de vencimiento, aunque la agencia aún no ha emitido orientación sobre esta decisión. La implementación de los nuevos requisitos laborales ha sido caótica, exacerbada por el cierre del Gobierno. "Hay una enorme confusión y diferencias entre los estados en cómo lo están implementando", comentó Lauren Bauer, investigadora de la Brookings Institution. El USDA había indicado que las nuevas normas entraron en vigor el 4 de julio, pero otorgó a los estados hasta el 1 de noviembre para implementar sus programas. Sin embargo, algunos estados han comenzado a contar los tres meses desde que los residentes solicitan cupones de alimentos, mientras que otros están verificando a todos sus beneficiarios a la vez. En Connecticut, se estima que 36.000 residentes, el 10 % de los inscritos en el SNAP, podrían perder sus beneficios debido a los cambios en la ley. Dan Giacomi, director de supervisión de programas del estado, afirmó que "no se puede simplemente accionar un interruptor en el sistema de elegibilidad". Los estados están bajo presión para evitar errores de pago, ya que una disposición del proyecto de ley exige que asuman una mayor parte de los costos administrativos si tienen altas tasas de error. Los beneficiarios deben ser notificados y evaluados para asegurarse de que no califiquen para otras exenciones. A medida que se implementan estos cambios, muchos beneficiarios están preocupados por los nuevos requisitos laborales que podrían no conocer. La situación sigue siendo incierta, y los estados buscan orientación del USDA para asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciones.