Al menos cuatro empleados del Congreso de la República han sido captados asistiendo de manera reiterada al local del partido Fuerza Popular durante su jornada laboral. Estos trabajadores, que reciben sueldos con fondos públicos, no estarían cumpliendo con sus funciones oficiales.

Un informe de Cuarto Poder reveló que Geraly Ulloa Depaz ingresó al local del partido en Santa Beatriz el 20 de noviembre a las 4:23 p.m., justo cuando se llevaba a cabo una sesión plenaria en el Congreso. Aunque figura como técnico de la comisión VRAEM, sus compañeros afirman no conocerla y no hay evidencia de que realice sus labores.

Otro caso es el de Jorge Llerena Portugal, auxiliar en el despacho de la congresista de Fuerza Popular, Auristela Obando. A pesar de que no acude a su trabajo, se le ha visto en el local del partido. Cuando se le consultó sobre él, la parlamentaria negó conocerlo en varias ocasiones, aunque finalmente lo recordó sin detallar su función.

Leticia Leiva Baylon, quien ocupa el cargo de Asesora II en el despacho del congresista fujimorista Eduardo Castillo, también fue grabada en el local de Fuerza Popular coordinando actividades durante su horario laboral.

Carmela Paucará Paxi, secretaria nacional de organización de Fuerza Popular, aparece en la planilla del Congreso como trabajadora del despacho del congresista César Revilla Villanueva. Sin embargo, el parlamentario aseguró que ya no trabaja con él, sugiriendo que se consulte en otra dependencia del Congreso sobre su paradero actual.

Todos estos trabajadores son militantes de Fuerza Popular y figuran en la planilla del Congreso, recibiendo su sueldo sin ningún tipo de descuento por inasistencias. Esta situación plantea serias dudas sobre la gestión administrativa y el uso de recursos públicos, además de evidenciar posibles irregularidades en el control interno del Congreso. No ha habido pronunciamientos claros ni explicaciones sobre la supervisión de estos empleados, lo que agrava la situación y coloca a Fuerza Popular nuevamente en el centro de las críticas por el uso de personal estatal en actividades partidarias.