El 9 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma profunda al marco legal del agua en México. Bajo el título de “Ley General de Aguas”, y con reformas paralelas a la Ley de Aguas Nacionales, el Ejecutivo Federal plantea una transformación del régimen jurídico que regula tanto los servicios de agua potable como el uso productivo del recurso. La narrativa es clara: se busca garantizar el derecho humano al agua y terminar con el uso lucrativo o desmedido de este bien común. Sin embargo, al revisar con cuidado la propuesta, surgen más dudas que certezas.

Para empezar, la ley contiene apenas 45 artículos. Esto no sería grave si el contenido fuera robusto, pero lo que encontramos es una estructura vaga, imprecisa y cargada de postulados ideológ

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