El caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha tomado un nuevo giro. Jorge Enrique Alberts Ponce, un empresario implicado en un desfalco multimillonario, es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR). Se le investiga por su presunta participación en una red de huachicol y tráfico de armas. En esta red también estaría involucrado Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo.

La FGR emitió una orden de aprehensión contra Alberts Ponce el 15 de septiembre, en el marco de las indagatorias por delincuencia organizada relacionadas con el robo de hidrocarburos. Este empresario fue beneficiado con contratos públicos durante la administración anterior. En marzo de 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Segalmex otorgó cuatro contratos por un total de 6 mil 500 millones de pesos a su empresa, Acurgen S.A. de C.V., para servicios de fumigación y sanitización de oficinas.

A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado desde 2018 que Acurgen participó en los desvíos de la Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los contratos fueron aprobados sin inconvenientes. Según MCCI, estos contratos fueron firmados en 2020 bajo la gestión de Ignacio Ovalle al frente de Segalmex. Acurgen reportó como su domicilio fiscal una propiedad en Polanco, perteneciente a Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

La investigación también revela que, durante la dirección de Bartlett en la CFE, la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa), de la que Alberts Ponce es representante legal, recibió contratos millonarios que superan los 2 mil millones de pesos. Entre sus socios se encuentra un cónsul honorario de Nicaragua.

Tras recibir los contratos en Segalmex, Alberts Ponce se asoció con otros empresarios para crear Grupo Aura, dedicada al desarrollo de edificios de lujo en Yucatán. Sin embargo, MCCI reportó que uno de sus socios, Ricardo José Lambretón López Ostolaza, obtuvo un criterio de oportunidad ante la FGR, lo que le permitió evitar acciones penales por su participación en convenios que causaron un quebranto de mil 686 millones de pesos a Liconsa.

Grupo Aura enfrenta denuncias penales en Yucatán por presunto fraude y delincuencia organizada, tras acusaciones de compradores que no recibieron los departamentos por los que ya habían pagado. Además, desde septiembre de 2025, Alberts Ponce promovió un amparo contra el aseguramiento de un inmueble en Querétaro, en el contexto de la investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2.