En una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró su demanda de aprobación de la ley de financiamiento en la Legislatura provincial. Esta iniciativa busca proporcionar a la administración herramientas necesarias para enfrentar el deterioro económico que afecta a la provincia. Kicillof afirmó: “No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, dirigiendo su mensaje tanto a la conducción nacional como a los sectores internos que obstaculizan la aprobación del financiamiento.
Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, Kicillof criticó al gobierno nacional de Javier Milei, advirtiendo sobre las consecuencias de un recorte sistemático de recursos. Describió una situación de emergencia social y productiva, señalando que “prácticamente no hay ningún sector que haya quedado igual” tras las recientes políticas nacionales. Los sectores de construcción, industria, comercio, textiles, alimenticio y automotriz han experimentado una reducción persistente de su actividad, lo que ha llevado a despidos y recortes en servicios esenciales.
El gobernador enfatizó que la provincia está atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores, agravada por el ahogo financiero a las provincias y la falta de transferencias automáticas de fondos. Esta crisis ha motivado la presentación de un paquete de leyes económicas para 2026, de las cuales dos fueron aprobadas el 26 de noviembre, mientras que la ley de financiamiento aún está pendiente.
Kicillof subrayó que la provincia “necesita las herramientas claras para poder transitar este tiempo sin desproteger a nuestro pueblo”. Presentó cifras alarmantes sobre la crisis multisectorial: la pérdida de 28.000 empresas en el país y 5.000 en Buenos Aires, así como la desaparición de 171.000 puestos de trabajo y cerca de mil obras públicas detenidas. El cierre de fábricas emblemáticas, como Whirlpool, y despidos en sectores como pesca y automotrices, han impactado directamente en la demanda de medicamentos y alimentos.
El gobernador también destacó que la morosidad ha alcanzado niveles récord, con muchas familias endeudadas que no pueden cubrir sus gastos básicos. Kicillof calculó que la deuda que la provincia reclama al gobierno nacional asciende a “13 billones de pesos”, equivalentes a “9.000 millones de dólares”, por transferencias automáticas y partidas específicas que no han sido giradas. Además, denunció una caída en la recaudación provincial de “3,6 billones de pesos”, lo que representa un monto que “Milei le quitó a la provincia de Buenos Aires” de aproximadamente “11.500 millones de dólares”.
A pesar de esta difícil situación, la gestión bonaerense defendió sus logros en obra pública, salud y asistencia social, destacando la continuidad de nuevos centros de salud, la entrega de ambulancias y un fondo adicional de 170.000 millones para patrulleros. Kicillof concluyó enfatizando que la austeridad no debe recaer sobre la sociedad, sino sobre la política, afirmando: “No trasladamos la carga a la gente.”

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