El Pleno del Congreso no logró inhabilitar a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por un periodo de diez años. En la votación, se obtuvieron 63 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones, quedando a tres votos de alcanzar los 66 necesarios para aprobar la inhabilitación. La propuesta fue impulsada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendó la inhabilitación debido a presuntas infracciones constitucionales y delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. Los legisladores que apoyaron la inhabilitación acusaron a Espinoza de haber denunciado a once congresistas en el caso de los “dobles sueldos” y de haber avalado un reglamento interno del Ministerio Público que, según ellos, contradijo la Ley 32130. Delia Espinoza defendió su actuación ante el Pleno, afirmando que su denuncia sobre los dobles sueldos fue para proteger la Constitución. Además, negó haber firmado el reglamento cuestionado y aseguró: “No negocié mi cargo con ningún grupo político. Llegué sin deberle nada a nadie”. Espinoza también denunció que enfrenta una “venganza política” y que el proceso en su contra contiene errores que vulneran el debido procedimiento. Las bancadas de Juntos por el Perú, Cambio Democrático y parte de Perú Libre se opusieron a la inhabilitación, advirtiendo sobre un posible uso político de la acusación. Por otro lado, solo algunos miembros de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y otros sectores apoyaron la propuesta. El resultado de la votación impide abrir un proceso penal ordinario contra Espinoza, ya que la inhabilitación habría levantado su fuero. Sin embargo, ella sigue fuera de su cargo debido a la suspensión dictada por la Junta Nacional de Justicia en septiembre. El Pleno también consideró un pedido para levantar la inmunidad de Espinoza, lo que permitiría que sea procesada en el Poder Judicial.