Los diputados de Renovación Nacional (RN) han solicitado a la Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento de expropiación anunciado por el Ministerio de Vivienda en relación a la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, región de Valparaíso. La petición fue presentada por los parlamentarios Frank Sauerbaum Muñoz, Carla Morales Maldonado, Andrés Celis Montt y Andrés Longton Herrera. Ellos piden que la contralora Dorothy Pérez dictamine sobre la legalidad de utilizar procedimientos expropiatorios para despojar a los propietarios de inmuebles que han sido objeto de usurpación, especialmente cuando ya existe una resolución judicial firme para su desalojo. Este requerimiento surge tras el anuncio del Ministerio de Vivienda, que confirmó la expropiación de 100 hectáreas de terreno usurpado para desarrollar un proyecto de vivienda social. En esta área residen más de 10 mil personas. Los diputados argumentan que la toma ha generado una serie de problemas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos de San Antonio y sus alrededores. Mencionan el aumento del tráfico de drogas, actividades delictivas, problemas sanitarios por la falta de agua potable y alcantarillado, así como riesgos de emergencias por conexiones ilegales a servicios de electricidad y telecomunicaciones. Además, destacan la falta de servicios esenciales como transporte público, salud y educación. En su requerimiento, los parlamentarios también señalan que el Estado ha tenido que realizar gastos significativos para atender las necesidades básicas de las personas en la toma, lo que ha alterado la organización y actuación de las Fuerzas Policiales en la comuna y la región. Por lo tanto, argumentan que la expropiación en este contexto podría vulnerar el principio constitucional de igualdad ante la ley. Esto se debe a que convierte al propietario afectado en el único responsable de soportar el costo de la ocupación irregular, mientras que los ocupantes se benefician de su conducta al margen de la ley. Finalmente, los diputados piden a la Contraloría que determine si el Ministerio de Vivienda puede utilizar la expropiación como mecanismo para resolver ocupaciones irregulares en inmuebles que ya tienen un lanzamiento ordenado por los tribunales, y si esta práctica se ajusta a los principios constitucionales de supremacía, juridicidad, proporcionalidad y respeto a la función jurisdiccional.