El Gobierno de Javier Milei ha anunciado el envío al Congreso de un proyecto de reforma integral del Código Penal. Esta iniciativa busca endurecer las penas para delitos graves como homicidio, narcotráfico, robo, pornografía infantil y trata de personas. La ministra de Seguridad ha destacado que el 82% de los delitos quedará sujeto a prisión efectiva, lo que representa un cambio significativo en el sistema penal actual.

Entre los puntos más relevantes de la reforma se encuentra el aumento de las penas para homicidios simples, que pasarían de un máximo de 25 a 30 años. Además, los homicidios agravados, que actualmente conllevan una pena perpetua, se enfocarán en proteger a figuras como el presidente y a menores de 16 años o adultos mayores de 65. También se contempla la acumulación de condenas en casos de asesinatos múltiples, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.

La reforma también aborda la conducción imprudente en accidentes de tráfico. Las penas actuales, que oscilan entre 1 a 3 años, se incrementarían a un rango de 2 a 6 años, dependiendo de la gravedad del caso. Asimismo, se establece que delitos considerados gravísimos, como el abuso sexual y el homicidio, serán imprescriptibles, lo que significa que no podrán ser juzgados después de un cierto período de tiempo.

En el ámbito de la corrupción, se endurecen las penas para delitos como el cohecho y el enriquecimiento ilícito. La ministra ha enfatizado que los funcionarios públicos tendrán una mayor responsabilidad en la gestión de los recursos del Estado.

El nuevo Código Penal también introduce figuras específicas para combatir el cibercrimen, incluyendo el fraude informático y la usurpación de identidad en línea. Las condenas a prisión perpetua no tendrán límite temporal, asegurando que los condenados cumplan efectivamente toda su vida en prisión.

Además, se proponen nuevas medidas para combatir la violencia de género, el narcotráfico y los delitos ambientales, introduciendo la figura del "ecocidio". La reforma busca actualizar un régimen penal que ha permanecido sin cambios desde 1921, y se espera que los legisladores analicen y debatan estas propuestas en el Congreso. La creciente preocupación por la seguridad pública en Argentina ha llevado a la necesidad de estas reformas, que buscan mejorar la calidad de vida de la población y garantizar un futuro más seguro para la sociedad.