Julio Salinas López, presidente del CCEE, señaló que la postura empresarial coincide con la necesidad de establecer criterios jurídicos y operativos que preserven la continuidad productiva en regiones donde el agua es determinante para la actividad económica.

El dirigente empresarial indicó que los planteamientos contenidos en el documento advierten que el marco propuesto incorpora disposiciones que generan incertidumbre para los usuarios. Entre ellas, destacó la figura de negativa ficta, la cual se aplicaría automáticamente en trámites no resueltos dentro del plazo legal. Los productores sostienen que esta medida puede paralizar operaciones esenciales como prórrogas, relocalizaciones o cambios de uso.

Salinas López informó que otro punto señalado es la persecución penal de oficio en cas

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