La Resolución 2803 fue aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 17 de noviembre. lev radin/Shutterstock

Más de 100 años después del Mandato Británico de Palestina ha comenzado el nuevo mandato estadounidense que se extenderá, al menos, hasta finales de 2027.

Con 13 votos a favor y las abstenciones críticas de China y Rusia, así como con el apoyo político de algunos Estados árabes y musulmanes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldó y legitimó a mediados de noviembre el Plan integral del presidente Donald Trump a través de la Resolución 2803 (2025).

Nos encontramos ante una decisión sui generis que rompe con la práctica habitual del Consejo de Seguridad en la formulación de sus resoluciones: el preámbulo es extremadamente corto, se califica la situación en la Franja de Gaza como una amenaza para la paz regional y la seguridad de los Estados vecinos y no se ampara en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas para autorizar la fuerza armada.

Contenido de la resolución

En línea con el Plan Integral, la resolución ha creado una Junta de Paz a fin de supervisar la reconstrucción, recuperación económica y desmilitarización absoluta de la Franja de Gaza. No así para garantizar el fin de ocupación israelí y que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación.

Este gobierno transitorio cuenta con amplios poderes para llevar a cabo su labor y tendrá el mando general de todo lo que acontezca en Gaza. Está previsto que la gestión diaria de los servicios públicos esté a cargo de un comité tecnocrático apolítico palestino constituido por palestinos cualificados y expertos internacionales.

La resolución no detalla tampoco la composición de la Junta, si bien sabemos que estará dirigida por el presidente Trump y compuesta por otros líderes, como Tony Blair, y jefes de Estado de la región.

Para hacer frente a los desafíos de seguridad, se ha creado una Fuerza Internacional de Estabilización encargada de garantizar la seguridad de la zona y los civiles, desarmar a Hamás y otros actores no estatales y desmilitarizar Gaza. Asimismo, está previsto que capacite y apoye a unas fuerzas policiales palestinas sin presencia de Hamás que Egipto y Jordania llevan meses formando.

Esta fuerza multinacional no constituirá una operación de cascos azules al uso, sino lo que los especialistas denominan “fuerzas de imposición de la paz”, autorizadas a utilizar la fuerza armada para cumplir su mandato.

En este sentido, destaca la amplitud de la autorización del uso de la fuerza, alejándose de la práctica de establecer mandatos específicos. Visto el crítico comunicado de Hamás sobre la resolución, cabe plantearse qué ocurrirá si la organización sigue rechazando desarmarse al amparo de su derecho para hacer uso de la fuerza contra fuerzas de ocupación.

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La fuerza internacional contará presumiblemente con fuerzas militares de Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Catar y Turquía y comenzará a desplegarse en enero de 2026.

Plan para parte de Gaza sin palestinos

El elemento más reseñable es la ausencia de los palestinos tanto durante el proceso de negociación del plan de paz y la resolución como durante el nuevo mandato estadounidense. Más allá del comité tecnocrático, sometido a la supervisión de la Junta, no se ha buscado el consentimiento previo de la Organización para la Liberación de Palestina o la Autoridad Nacional Palestina en la creación de la Junta, ni en el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización.

Durante esta etapa tampoco se contempla recabar la opinión del pueblo palestino; por el contrario, la resolución ha explicitado que la fuerza multinacional deberá coordinarse estrechamente con Egipto e Israel.

De la misma manera, la retirada de Israel del territorio de la Franja de Gaza que mantiene ocupado militarmente se hará de forma paulatina, condicionada a “hitos y plazos de desmilitarización” que se pactarán entre la fuerza multinacional, Israel y la Junta. En todo caso, se prevé que Israel conserve una “zona de seguridad” alrededor de la Franja hasta que no exista una “amenaza terrorista resurgente”.

Un diálogo condicionado a que solo cumpla Palestina

Otro aspecto particularmente negativo de la resolución es que solamente se refiere a Gaza, rompiendo la integridad territorial de Palestina, y no reafirma el compromiso con la solución de los dos Estados, limitándose a comprometerse al impulso de un diálogo para acordar un “horizonte político” de coexistencia pacífico y próspero.

Este diálogo parece estar condicionado, al igual que el periodo de transición de la Junta, a que la reconstrucción esté avanzada y la Autoridad Nacional Palestina “cumpla plenamente” con un programa de reformas no concretado.

Probablemente, el mejor análisis de la situación lo haya aportado un funcionario israelí al señalar que la resolución debilita la causa palestina: “Se les exige que realicen cambios tan estrictos y radicales que las posibilidades de que lo consigan son nulas. Para conseguir un Estado, tendrían que convertirse en algo parecido a Suecia”.

Tampoco es alentador que el mando de todo este intento esté dirigido únicamente por Estados Unidos, un actor que ha demostrado reiteradamente que es un aliado incondicional de Israel. Sin ir más lejos, al día siguiente de la aprobación de la resolución, votó en contra de una resolución en favor del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

Con todo, la resolución ha sido saludada por la Autoridad Nacional Palestina con una declaración en la que subraya su derecho a la autodeterminación. Ante la disyuntiva de que continúen los crímenes de Israel y este mandato estadounidense, sobre el que existen serias dudas de su licitud, se ha tenido que optar por el mal menor.

Mientras tanto, Israel, que rechaza abiertamente la creación del Estado palestino, sigue con su política de colonización de Cisjordania e insiste en que la única solución para Gaza es la emigración de la población gazatí.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.

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Aritz Obregón Fernández no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.