Los tres fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto, enfrentarán un juicio político por presunto mal desempeño y negligencia grave. La decisión fue tomada por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro han sido acusados formalmente tras la aceptación de denuncias en su contra. Esta resolución se produjo en una reunión plenaria en la Legislatura de Córdoba, donde se consideró que sus acciones podrían encuadrarse en las causales para la remoción de funcionarios judiciales. El juicio político se llevará a cabo el próximo año, y se centrará en la falta de resolución del caso, que ha permanecido impune durante 19 años. La investigación ha sido objeto de múltiples críticas, comenzando con Di Santo, quien estuvo a cargo de la causa entre 2006 y 2015. Durante su gestión, se investigó inicialmente al pintor Gastón “Perejil” Zárate y luego al hijo de la víctima, Facundo Macarrón, sin pruebas concluyentes. Posteriormente, Daniel Miralles asumió el caso y propuso que el viudo, Marcelo Macarrón, había viajado en avioneta desde Uruguay para cometer el crimen, una teoría que fue cuestionada y careció de respaldo judicial. Luis Pizarro, quien tomó el relevo en 2017, sugirió que Macarrón había contratado sicarios, pero tampoco presentó pruebas que respaldaran esta afirmación. A lo largo de los años, se consideraron cinco hipótesis diferentes, ninguna de las cuales logró esclarecer el crimen. La última acusación contra Macarrón fue elevada a juicio, pero fue absuelto por falta de pruebas, dejando el caso sin responsables. La familia de Nora Dalmasso ha denunciado a los fiscales por mal desempeño, y recientemente se inició la recepción de pruebas en la Legislatura. La presidenta del Jury, Julieta Rinaldi, aclaró que la decisión de abrir el procedimiento no implica que las acusaciones hayan sido probadas. El Fiscal General de la Provincia tendrá 30 días hábiles para presentar la acusación formal, y los fiscales denunciados contarán con 10 días para defenderse. Rinaldi enfatizó que el resultado final dependerá de la valoración objetiva de las pruebas y de los descargos de los fiscales, garantizando el debido proceso. Este desarrollo marca un nuevo capítulo en un caso que ha dejado a la sociedad cordobesa en busca de justicia durante casi dos décadas.