La Fiscalía solicita una condena ejemplar contra Roberto J. R., el monitor deportivo acusado de grabar con su teléfono móvil a jugadoras, muchas de ellas menores de edad, en el vestuario del campo de fútbol de La Concha, en Villaescusa. El Ministerio Público pide para él penas que suman 148 años de prisión y una multa de casi 269.000 euros.

El acusado, que fue detenido el 31 de agosto de 2024 y puesto en libertad provisional el 3 de septiembre, enfrenta un total de 51 delitos contra la intimidad , 15 de ellos continuados. De esos, 19 (uno de ellos también continuado) afectan a menores. El auto de apertura de juicio oral ha sido dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Santander, Luis Enrique García.

Grabaciones ocultas durante meses

Según el escrito fiscal, Roberto J. R. instalaba su teléfono en un hueco del techo del vestuario para grabar a las futbolistas mientras se cambiaban de ropa tras entrenamientos y partidos. Los hechos ocurrieron entre abril y agosto de 2024 y afectaron tanto a jugadoras del club local como a equipos visitantes. Fue sorprendido mientras grababa a jugadoras del Club Deportivo Oceja (Santillana del Mar), que detectaron la presencia de un móvil oculto.

Entre las medidas cautelares adoptadas por el juez destacan la prohibición de acudir a instalaciones deportivas con presencia habitual de menores, el alejamiento de dos víctimas con las que presuntamente intentó contactar, la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y la prohibición de residir en Villaescusa durante cinco años por cada uno de los delitos.

Responsabilidad institucional

El Ministerio Fiscal considera que debe imponerse al acusado la inhabilitación para trabajar como monitor o entrenador y solicita además indemnizaciones de entre 1.000 y 5.000 euros para las víctimas, en concepto de daño moral y secuelas psicológicas. Como responsables subsidiarios aparecen el Ayuntamiento de Villaescusa , gobernado por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) bajo la alcaldía de Constantino Fernández Carral , y la empresa para la que trabajaba el acusado, así como tres compañías aseguradoras.

El acusado había trabajado durante más de una década en el club deportivo Villaescusa, no solo como utillero, sino también como entrenador y monitor. En su historial figura una anterior denuncia por presunto abuso sexual a una menor de 5 años, de la que fue absuelto por falta de pruebas. El Tribunal Supremo confirmó esa absolución en septiembre de 2025.

Juicio pendiente

El proceso penal está pendiente de la celebración del juicio oral. La Fiscalía solicita además la imposición de una multa de 4.500 euros y destaca la gravedad de los hechos, no solo por la reiteración, sino por la especial vulnerabilidad de muchas de las víctimas. Las pruebas clave en la causa han sido las grabaciones incautadas y los testimonios de las afectadas.Desde el Ayuntamiento de Villaescusa no se han emitido declaraciones públicas sobre el caso, pese a su implicación subsidiaria. El juicio marcará un antes y un después en la seguridad y supervisión de actividades deportivas en el municipio.