El Gobierno de Javier Milei está trabajando en un nuevo Código Penal que busca reformar el sistema punitivo argentino. La iniciativa tiene como objetivo principal "terminar con la impunidad" y cerrar lo que se ha denominado la "puerta giratoria" que permite a los condenados seguir delinquiendo.

El anteproyecto, que ha sido presentado por el oficialismo, propone un endurecimiento significativo de las penas en una amplia variedad de delitos. Se eliminará la prescripción en casos considerados especialmente graves, lo que significa que ciertos delitos podrán ser perseguidos judicialmente sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión.

Entre las modificaciones más destacadas, se encuentra el aumento de las penas para el homicidio simple, que pasaría de un rango de 8 a 25 años a uno de 10 a 30 años. En el caso del homicidio agravado, se añadirán nuevas circunstancias que incrementan la gravedad del delito, como cuando la víctima sea el Presidente de la Nación o un menor de 16 años.

Además, se prevén aumentos en las penas por delitos como la pornografía infantil, que pasaría de 3 a 6 años a un rango de 3 a 12 años, y para la posesión con fines de distribución, que se establecería entre 4 y 12 años de prisión. En el ámbito de los robos, se incorporarán figuras específicas para modalidades como "motochorros" y "viudas negras", con penas que también se incrementarán.

El anteproyecto establece que delitos graves como homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, y narcotráfico no prescribirán, permitiendo que la justicia actúe independientemente del tiempo transcurrido.

Asimismo, se elevarán los mínimos penales para que la mayoría de los delitos implique cumplimiento efectivo de la pena. Se estima que el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva. También se limitarán los beneficios de liberación anticipada para quienes tengan condenas por homicidio, robos con armas y otros delitos graves.

Las condenas comenzarán a ejecutarse una vez que el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando así la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema. Las condenas perpetuas no tendrán límite temporal y los funcionarios condenados perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.

El proyecto también busca robustecer el marco de la legítima defensa y ampliar la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las reformas propuestas reflejan un enfoque en la relevancia de la víctima dentro del proceso judicial.