La coyuntura política peruana está marcada por un proceso sostenido de cooptación institucional. El pacto parlamentario autoritario que hoy gobierna de facto ha ido capturando, paulatinamente, los organismos encargados de garantizar la separación de poderes, así como la vigencia del Estado de derecho.

El ejemplo más reciente es la ofensiva contra el Ministerio Público. Dicho conjunto de acciones es impulsado desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y respaldado por una mayoría en la Junta Nacional de Justicia y por algunos miembros del Tribunal Constitucional que, en conjunto, operan como un bloque dispuesto a emitir sentencias funcionales a los intereses del régimen, y no a un criterio jurídico serio.

En ese contexto se inscribe el caso de la Defensoría del Pueblo. Desde su

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