El Gobierno peruano ha manifestado su apoyo a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta decisión fue comunicada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien presentó un documento al Congreso de la República. En este documento, se destacan dos puntos clave: la extensión del Reinfo por un año y la prohibición del regreso de los 50,000 mineros que fueron excluidos del proceso de formalización. "El Ejecutivo ha planteado dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal, que no tiene afán de formalizarse; y el no retorno de los 50,000 mineros excluidos del proceso", explicó Álvarez. El Congreso tiene previsto debatir la ampliación del Reinfo, donde la mayoría de las bancadas ya ha mostrado su apoyo a prorrogar el proceso por dos años más, hasta diciembre de 2027. Sin embargo, el Gobierno ha tomado una postura más cautelosa, argumentando que una extensión prolongada podría fomentar la informalidad y abrir la puerta a actividades ilegales. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha señalado que hay alrededor de 30,000 mineros con inscripción vigente, y que sería inviable dejarlos fuera del proceso. "No se pueden quedar en el aire simplemente, no hay manera de no ampliar", afirmó. El Ejecutivo también ha solicitado la eliminación de la propuesta que permitiría el retorno de los mineros excluidos, quienes no cumplieron con requisitos como tener un RUC activo o presentar reportes de producción. Además, se propone que la formalidad laboral, como la inclusión de trabajadores en planilla, sea un requisito obligatorio para culminar el proceso de formalización. El documento del Gobierno también sugiere que se retire la suspensión de los procedimientos de exclusión del Reinfo, ya que esto podría limitar la capacidad del Estado para enfrentar actividades mineras ilegales. Asimismo, se plantea que la actualización de coordenadas se limite a concesiones mineras colindantes y no a cualquier área del territorio nacional. El debate en el Congreso se centrará en la reducción del plazo de ampliación, la prohibición del reingreso de mineros excluidos y la protección de zonas reservadas. La situación sigue siendo objeto de análisis y discusión entre los legisladores y el Ejecutivo, mientras se busca un equilibrio entre la formalización de la minería y la lucha contra la informalidad.