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El Gobierno de Trump instó este viernes a la Corte Suprema a intervenir en una batalla legal que lleva años en torno a una política que prohíbe a los jueces de inmigración expresar sus opiniones personales en público, un caso que podría tener consecuencias más amplias para los trabajadores federales.
La apelación se basa en una disputa sobre una política de personal que exige que los jueces de inmigración obtengan una aprobación antes de poder ofrecer declaraciones públicas. Un antiguo sindicato que representa a los jueces —que forman parte del Departamento de Justicia— presentó una demanda ante un tribunal federal, alegando que la política violaba su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda. Michael M. Santiago/Getty Images
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