El estreno del protocolo antiacoso del PSOE ha evidenciado vacíos de funcionamiento, silencios prolongados y una falta de acompañamiento que dejó en situación de vulnerabilidad a las dos primeras militantes que denunciaron acoso sexual dentro del partido. El caso de Paco Salazar —que ha abierto una profunda crisis interna y ha decepcionado incluso a sectores sanchistas— ha expuesto un mecanismo bien diseñado sobre el papel, pero incapaz de ofrecer una respuesta ágil, clara y efectiva a quienes recurrieron a él.

Un protocolo sólido… que no funcionó en la práctica

El PSOE aprobó en mayo un protocolo antiacoso detallado, garantista y con una estructura de actuación precisa:

  1. Recepción de la denuncia y acuse en siete días.

  2. Admisión para verificar que encaja en el marco del protocolo.

  3. Análisis de entrevistas y pruebas en un plazo máximo de tres meses.

  4. Resolución con medidas disciplinarias o traslado a Fiscalía.

El sistema, en apariencia robusto, pivotaba sobre un Órgano contra el Acoso , formado por especialistas independientes. En la práctica, sin embargo, su baja visibilidad , la falta de plazos para el primer contacto y la escasa coordinación interna generaron lagunas que afectaron directamente a las denunciantes.

Cinco meses de silencio: denuncias que desaparecieron del sistema

Las dos denuncias presentadas en junio quedaron semanas sin interlocución y sin guía. La plataforma interna del PSOE, CADE , oculta automáticamente los escritos a los 90 días por protección de datos, algo previsto técnicamente en el protocolo.

El problema:

  • nadie avisó a las denunciantes ,

  • sus denuncias desaparecieron de su vista ,

  • no obtuvieron información sobre el estado del proceso ,

  • y no hubo acompañamiento psicológico ni asesoramiento temprano .

La propia dirección socialista lo ha reconocido por escrito:
«La comunicación no estuvo a la altura» .

Autonomía que protege… pero a veces paraliza

El órgano encargado de investigar el acoso no puede recibir instrucciones de nadie en el partido. Esa independencia evita presiones políticas, pero también provocó que:

  • las ejecutivas territoriales no pudieran ofrecer explicaciones ,

  • las militantes pasaran meses sin saber si alguien analizaba su caso ,

  • y el proceso careciera de un sistema de seguimiento emocional y técnico , pese a estar previsto en el protocolo.

El resultado fue un vacío prolongado que convirtió un mecanismo pensado para proteger en un procedimiento incomprensible para las víctimas.

Paralelismo con Torremolinos: mismas grietas, mismo patrón

Mientras estallaba el caso Salazar, el PSOE gestionaba otra denuncia en Torremolinos , también presentada en junio y también sin resolución meses después. La afectada terminó recurriendo a la Fiscalía ante la falta de avances.

La coincidencia de ambos casos revela un patrón común:

  • Tiempos excesivos ,

  • escasa comunicación ,

  • ninguna sensación de avance ,

  • ausencia de acompañamiento real .

El escándalo ha golpeado con fuerza a un PSOE inmerso en múltiples crisis. Sectores sanchistas admiten ya su decepción con Pedro Sánchez por permitir que se prolongara el silencio sobre Salazar y por no activar de inmediato los mecanismos previstos. Ese malestar alimenta voces que exigen responsabilidades a la ministra Ana Redondo y que incluso hablan de una revuelta contra la número dos del partido, María Jesús Montero .

Un sistema bien diseñado que falló donde más importaba

El análisis interno es claro:

  • El protocolo funciona sobre el papel.

  • La ejecución , no.

  • Las denunciantes quedaron sin información, sin acompañamiento y sin certezas , justo lo que el sistema debía evitar.

El PSOE asegura que reforzará los mecanismos y revisará los plazos de actuación, la coordinación con territorios y el funcionamiento de CADE para evitar que vuelva a repetirse un vacío que dejó a las víctimas «vendidas» en su primer gran test.