La reciente promulgación de la Ley 32515, que regula el endeudamiento del sector público para 2026, ha encendido las alarmas en el sistema microfinanciero de Perú. Esta ley incluye una disposición transitoria que modifica la gobernanza de las cajas municipales de ahorro y crédito, permitiendo al viceministro de Mypes del Ministerio de la Producción (PRODUCE) designar directamente a los directores en los consejos de administración de estas entidades. Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), expresó su preocupación al señalar que esta medida elimina la participación de gremios representativos de las micro y pequeñas empresas. Solís afirmó que la disposición fue añadida “entre gallos y medianoche”, sin previo aviso, y en el contexto de una ley que no está relacionada con el sistema financiero. El cambio fue oficializado el 4 de diciembre, pero según Solís, varios congresistas se mostraron sorprendidos al no haber sido informados sobre la inclusión de esta modificación. Recordó que la expresidenta vacada Dina Boluarte no había impulsado este esquema, pero que el actual presidente interino, José Jerí, lo ha promovido en colaboración con el congresista Illich López. “Lamentablemente, donde manda capitán, no gobierna marinero”, comentó Solís, refiriéndose al papel del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la aprobación de estos cambios. La modificación se realizó el 26 de noviembre, en medio de un debate legislativo. Además, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no fue consultada sobre esta modificación. Solís advirtió que esta maniobra política pone en riesgo la autonomía y la gobernanza que han caracterizado al sistema de cajas municipales. Estas entidades son fundamentales, ya que al cierre de 2025 concentrarán más del 50% de los créditos de las mypes en el país, gestionando una cartera superior a S/37.000 millones. Tradicionalmente, los directorios de las cajas incluían cuatro miembros designados por la sociedad civil, uno por el clero, uno por la Cámara de Comercio local y uno por la estatal COFIDE. Solís argumentó que este sistema limita el control de intereses políticos y ha sido clave para el desarrollo y la confianza en estas instituciones. El presidente de la Fepcmac subrayó que el objetivo de esta reforma es reemplazar a los representantes legítimos de las Mypes por operadores políticos del Ejecutivo, lo que podría replicar errores de otras empresas estatales. Según datos de la federación, hasta octubre de 2025, las cajas habían acumulado utilidades por S/620 millones, lo que representa un aumento de más del 100% en comparación con el año anterior. La Fepcmac también destacó que esta acción, introducida tras el fracaso de una iniciativa previa en el Congreso, debilita la transparencia y la competitividad del sistema. Rolando Reaño Vidal, del área legal de la federación, indicó que la inclusión de esta norma en la ley de Endeudamiento Público es irregular y vulnera la Constitución. La federación ya está coordinando con el Colegio de Abogados de Lima para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La Fepcmac concluyó que la autonomía y la gobernanza han sido esenciales para el éxito de las cajas, que hoy representan casi el 12% del sistema financiero nacional, en comparación con el 1% de hace una década. La federación hizo un llamado a la sociedad y al sector privado para oponerse a la intromisión política y proteger un modelo que ha demostrado su eficacia y altos estándares de gobierno corporativo.