A casi un mes de haber sido declarada culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la dirigente social Marcela Acuña dejará de contar con los beneficios especiales que mantenía durante el juicio.

La jueza de la Cámara del Crimen 2 del Chaco, Dolly Fernández, dispuso que la acusada comience a cumplir un régimen de detención común, equiparándola al resto de las reclusas.

La resolución implica la eliminación de privilegios como su permanencia en un pabellón con actividades diferenciadas, un esquema que, según la magistrada, no corresponde a una condenada.

Fernández instruyó al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) a garantizar las condiciones de seguridad y trato digno, pero aclaró que el habeas corpus correctivo «asegura condiciones humanas de detención, no prerrogativas especiales

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