Bruselas abre la puerta a la creación de centros de deportación de migrantes fuera de las fronteras europeas con la oposición de España - Infobae

El Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado prácticamente aislado en la Unión Europea tras votar en contra del giro restrictivo que los Veintisiete han dado este lunes a la política migratoria comunitaria . Los ministros del Interior de la UE han aprobado un nuevo reglamento destinado a simplificar y acelerar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, con el respaldo de una amplia mayoría y la oposición casi en solitario de España, después de ocho meses de negociaciones.

La decisión marca un punto de inflexión en la estrategia de la Unión en materia de retornos y control migratorio, en un contexto político dominado por el auge de los discursos de extrema derecha y la asunción, por parte de gobiernos conservadores tradicionales, de postulados cada vez más duros en materia de inmigración . El acuerdo sienta, por primera vez, las bases legales para la creación de centros de deportación de migrantes fuera del territorio comunitario , una posibilidad que hasta ahora carecía de cobertura jurídica a escala europea y que se inspira en el modelo impulsado por el Gobierno italiano mediante acuerdos con Albania.

Durante el debate público previo a la votación, ningún ministro pidió la palabra para oponerse de forma expresa al texto, aunque el titular español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había avanzado a su llegada al Consejo que España votaría en contra . “No se trata de estar solos o acompañados. El debate es mantener una postura concreta, seria, razonada y sostenida en el tiempo”, afirmó para justificar la posición del Ejecutivo. El ministro subrayó que España está “absolutamente involucrada” en la lucha contra la inmigración irregular, pero defendió que esa política debe desarrollarse dentro del respeto a los derechos humanos. “Las cuestiones de valores son una línea roja para nosotros” , recalcó.

Centros de retorno y expulsiones forzosas

El reglamento de retorno aprobado introduce la posibilidad legal de devolver a un país tercero —distinto del país de origen— a personas que se encuentren ilegalmente en la UE y cuenten con una decisión final de expulsión , siempre que exista un convenio bilateral o un acuerdo a nivel comunitario. Se trata de un modelo de “geometría variable” que podrá ser utilizado por los gobiernos interesados y descartado por aquellos que no quieran acogerse a él.

En paralelo, los ministros aprobaron también, con el voto en contra de España, el nuevo reglamento sobre “países terceros seguros”, que permitirá a los Estados miembros trasladar a migrantes a países extracomunitarios para tramitar allí sus solicitudes de asilo, incluso aunque no tengan ningún vínculo con ese país ni hayan transitado por su territorio. Bastará con que exista un acuerdo similar al firmado entre Italia y Albania . Esta modificación supone un cambio sustancial del concepto de protección internacional vigente hasta ahora.

Grande-Marlaska expresó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre estos centros de retorno , y advirtió de que podrían provocar un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con países considerados socios clave en la prevención de la migración irregular en origen. El Gobierno español tampoco ve con buenos ojos que el reglamento no establezca el reconocimiento obligatorio en toda la UE de las decisiones de expulsión dictadas por cualquier Estado miembro, ya que se mantiene la voluntariedad actual y, con ella, la fragmentación del sistema.

Otra de las disposiciones más controvertidas es la que permite mantener a los migrantes en detención durante un periodo de hasta dos años , prorrogable en plazos sucesivos de seis meses. España considera que este modelo equivale, en la práctica, a una detención indefinida. El reglamento impone además a los migrantes la obligación de cooperar con las autoridades nacionales durante todo el procedimiento de retorno. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones adicionales como multas, detención o ampliación del internamiento. Las deportaciones forzosas serán obligatorias cuando el migrante no coopere, se fugue a otro Estado miembro, incumpla el plazo de salida voluntaria o suponga un riesgo para la seguridad.

Frente a la posición española, la mayoría de los gobiernos europeos sostiene que el nuevo marco legal permitirá mejorar la tasa de repatriaciones, que actualmente apenas alcanza el 20% de los casos. “ Nuestros países están bajo presión . Miles de personas se ahogan en el Mediterráneo mientras las mafias se enriquecen”, afirmó el ministro del Interior danés, Rasmus Stoklund, uno de los principales impulsores de las medidas más restrictivas. A su juicio, el sistema actual genera “incentivos perversos” y un fuerte “efecto llamada”.

Países seguros y recorte de la solidaridad

En la misma jornada, los Veintisiete aprobaron también la creación de una lista común europea de países de origen considerados seguros . En esta votación, España no se opuso. La lista incluye a todos los países candidatos a ingresar en la UE y, además, a Colombia, Marruecos, Túnez, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto . Las solicitudes de asilo de personas procedentes de estos Estados se tramitarán de forma acelerada, ya que, con carácter general, serán denegadas.

El endurecimiento migratorio se completó con la decisión de rebajar de forma sustancial la cuota anual de reubicación solidaria de demandantes de asilo y las contribuciones económicas de los Estados que prefieran pagar en lugar de acoger. Para 2026, el número de reubicaciones pasa de 30.000 a 21.000 y la ayuda financiera se reduce de 600 a 420 millones de euros. España se abstuvo en esta votación . “El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”, advirtió Grande-Marlaska, quien recordó que “sin responsabilidad no habrá solidaridad y, sin solidaridad, tampoco habrá responsabilidad”.

El Consejo justificó el recorte señalando que el primer año del nuevo ciclo de gestión migratoria será más corto, ya que el Pacto de Migración y Asilo entrará en vigor el próximo 12 de junio. Aun así, países como España, Italia, Grecia o Chipre verán reducida la ayuda prevista para aliviar la presión en sus sistemas de acogida.

Aunque todas estas medidas deberán ser ahora negociadas con el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor definitiva, el peso de las fuerzas más duras en la Eurocámara anticipa pocas dificultades para que el endurecimiento migratorio quede finalmente consagrado. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, celebró las votaciones asegurando que “Europa está poniendo en orden su casa”, mientras el ministro español advirtió de que este paso quiebra el equilibrio del pacto migratorio cuando todavía no ha tenido ocasión de demostrar su eficacia.