El pasado 18 de noviembre, durante una sesión especial del Comité de Pesca de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE ) en París, el Perú asumió un compromiso claro: conducir la gobernanza de sus recursos pesqueros bajo principios de transparencia, sostenibilidad, evidencia científica y calidad regulatoria. No es un anuncio menor. Significa alinearnos a estándares internacionales que obligan a revisar cómo estamos tomando decisiones en un sector tan sensible como el manejo de nuestros ecosistemas marinos.

A la luz de este compromiso, el debate sobre la pesca de mayor escala dentro de Áreas Naturales Protegidas ( ANP ) vuelve a cobrar relevancia. Y, ante la intensidad de la discusión pública, conviene recordar que existe un procedimiento legal preciso p

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