E l reciente pronunciamiento de la Corte Suprema, que confirmó la legalidad del actuar del Serviu y rechazó el recurso presentado por comunidades Kawésqar, constituye un precedente fundamental para la política habitacional del país. No porque desconozca las legítimas aspiraciones de grupos organizados, sino porque reafirma un principio básico, cual es que los programas públicos deben priorizar a quienes enfrentan mayor urgencia y vulnerabilidad habitacional, sin excepciones arbitrarias ni presiones coyunturales.
Tal como señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe, el fallo “deja claro que los programas habitacionales deben focalizarse en las familias que enfrentan mayor urgencia habitacional”. Esa claridad era necesaria. En tiempos donde la demanda por vivienda supera con cre

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