LA PAZ, Bolivia (AP) — El expresidente Luis Arce deberá comparecer el viernes ante un juez que decidirá si lo envía a prisión preventiva o le concede el arresto domiciliario mientras avanza la investigación por presunta corrupción en su contra, informó uno de los fiscales del caso.

El fiscal Miguel Carzoso dijo a la prensa que pedirán la detención preventiva del exmandatario (2020-2025) en un centro correccional para adolescentes en las afueras de La Paz ante el “riesto de fuga y obstaculización de la justicia”. No explicó las razones para mandarlo posiblemente a ese centro.

Arce fue detenido la víspera y volverá a pasar la noche del jueves en dependencias policiales. Es investigado por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por autorizar en 2015 —cuando era ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019)— el depósito en cuentas particulares de dinero del Fondo Indígena creado para financiar proyectos productivos en zonas rurales y comunidades indígenas pobres, explicó el fiscal general del Estado Roger Mariaca. Los delitos que se le imputan tienen una pena de hasta seis años de prisión.

Mariaca agregó que Arce no será favorecido con un juicio de responsabilidades porque éste se reserva a exmandatarios por delitos cometidos mientras estaban en funciones.

Arce fue interceptado la víspera por agentes en una calle de La Paz tras dar clases en una universidad pública. Ante una comisión de fiscales que lo interrogó se abstuvo de declarar acogiéndose a su derecho constitucional.

La investigación de las irregularidades cometidas con el Fondo Indígena se reabrieron tras la asunción del centroderechista Rodrigo Paz, quien dijo que en los casi 20 años de gestión de Morales y Arce “hubo un saqueo” de los fondos públicos.

Aunque no ha sido cuantificado el daño económico, en el caso de Arce el “desfalco” sería de más de 51 millones de dólares, dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. “En su condición de ministro de Economía, Arce era presidente del directorio del Fondo Indígena y autorizó que los desembolsos vayan a cuentas particulares”, explicó.

El dinero se habría desviado para “comprar lealtades” de dirigentes sindicales e indígenas afines al partido de gobierno en momentos de campaña electoral, explicó el exsenador Oscar Ortiz, quien investigó las denuncias en 2015. “El dinero no llegó a los sectores empobrecidos”, dijo el ministro Oviedo.

La detención de Arce se da en momentos en que Paz comienza a afrontar las primeras protestas por la crónica escasez de combustible y mientras el mandatario aún no define si levantará o mantendrá la subvención a los carburantes, que provoca una sangría de los fondos públicos en medio de la peor crisis económica en 40 años.